La demorada reforma de las administraciones públicas
“Proyecto León viene reclamando desde 2009 una reforma de las administraciones públicas que adapte sus estructuras, surgidas en algunos casos hace más de 150 años, a las necesidades de una sociedad moderna del Siglo XXI. Si bien el Gobierno de España se marcó como prioridad esta reforma a partir de la entrada efectiva del Partido Popular, en enero del año pasado, aún no se han producido cambio alguno en ese capítulo, salvo el de incrementar el número de desempleados del sector público. Intuimos que, al contrario de lo que ha sucedido con otras reformas, como la laboral o la financiera, existen intereses que retienen esta iniciativa gubernamental.
Casi simultáneamente se han publicado dos anteproyectos de ley: el de “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local” del gobierno central y el de “Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio” del gobierno autonómico. Esta coincidencia viene a reconocer la necesidad de reformas que con tanta insistencia hemos reclamado desde Proyecto León durante los últimos 4 años. Por ser esencial en el conjunto del Estado, vamos a centrarnos en el anteproyecto de Castilla y León, territorio que con un 5% de la población reúne un 25% de los ayuntamientos de España y donde la mayor parte no alcanza los 1000 habitantes.
La exposición de motivos que justifica el borrador autonómico, es un canto a la “eficiencia, sostenibilidad y racionalidad”, donde se hace hincapié en la necesaria suficiencia financiera de las entidades locales para exponer a renglón seguido, que no se suprimirá ningún ayuntamiento. Como sabemos que son numerosos los que presentan insuficiencia financiera y prácticamente todos insuficiencia de servicios, nos preguntamos cómo se logrará subsanar lo que es una contradicción in terminis. Viene seguidamente el enunciado de que se evitará la creación de nuevas estructuras administrativas y que se simplificará la gestión pública. A partir de ahí todo entra en conflicto con lo expresado en la exposición de motivos. En resumen: el anteproyecto retuerce sus objetivos iniciales para acabar proponiendo lo contrario.
En primer lugar se pretende crear por encima de los ayuntamientos las “Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio” (UBOST) para prestar los servicios esenciales, ya que los ayuntamientos no son eficientes para hacerlo (¿para qué sirven entonces?). En segundo lugar se crean las “Áreas Funcionales Permanentes” (AFP), que no coinciden con las UBOST. En tercer lugar se pueden crear las “Áreas Funcionales Estratégicas” (AFE), que tampoco coinciden con las UBOST ni con las AFP. Por encima de éstas se mantienen además las Diputaciones, que en el anteproyecto estatal está previsto que hagan todas esas funciones (¿?). Aparte de esto se impulsa la implantación de la administración electrónica a fin de resolver cuantos trámites sea posible por internet, lo que permitiría la centralización de muchas gestiones, hoy desperdigadas entre diversas administraciones.
Nos preguntamos qué ventajas para los ciudadanos tiene este galimatías, que incrementa en 3 los escalones administrativos, frente a una fusión de ayuntamientos con el reforzamiento del papel de las juntas vecinales. La Junta de Castilla y León propone establecer 7 escalones (Junta Vecinal, Ayuntamiento, UBOST, AFP, AFE, Comarca y Diputación) a partir de los 5 que existen actualmente. Si consideramos las mancomunidades, Proyecto León propone pasar de los 5 niveles actuales a 3 (Juntas Vecinales, Ayuntamientos y Diputaciones) mediante una fusión de municipios que haga innecesaria la mancomunación. No tiene sentido hablar de eficiencia cuando con menos recursos se multiplican las instituciones, lo que conllevará presupuestos añadidos, gastos corrientes, dietas, etc. Es contradictorio hablar de simplificación cuando se multiplican los centros de decisión. No se puede argumentar racionalidad cuando se mantienen ayuntamientos insolventes y minúsculos cuyas funciones pueden ser asumidas por una junta vecinal.
En definitiva, Proyecto León no entiende qué se pretende con el anteproyecto de ley de ordenación del territorio de la Junta de Castilla y León. Si encontramos una orientación manifiesta en este borrador es la de mantener a alcaldes y concejales en sus puestos aun a costa de sacrificar servicios a los ciudadanos. No es posible prestar más y mejores servicios sin reducir los costes de administración y sin mejorar la ejecutividad y rapidez en la toma de decisiones. Creemos que eludir la simplificación de municipios esconde intereses de partido y abona las tesis de quienes creen que nada importa a la clase política cuando de defender sus privilegios se trata“.
