Primer pleno en Villablino con muchas prisas y algunas lagunas legales

La sesión urgente celebrada este viernes del Pleno del Ayuntamiento de Villablino, tras el retraso en conformarse la nueva Corporación que le otorgó finalmente la Alcaldía al PSOE aunque en minoría, aprobó ceder en precario al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) los terrenos anteriormente destinados al fallido Parador Nacional. Un acuerdo que contó con los votos favorables de los seis concejales del PSOE, la abstención de los cuatro de Podemos-IU y el voto en contra de los tres del PP.

Con esta urgencia acometió el equipo de Gobierno socialista lo que parece ser el asunto estrella para esta legislatura, como es la construcción y puesta en funcionamiento de un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) con capacidad para 200 personas, anunciado por el Gobierno poco antes de las elecciones municipales.

El alcalde, Mario Rivas defendió una vez más esta construcción, “por razones de solidaridad e integración, en las que la comarca es un referente”. También, por razones económicas, por “el valor que la inversión de 12 millones va a significar para el municipio, además de las tasas que pagará al ayuntamiento”. Además esgrimió razones laborales, “la creación de empleo directo e indirecto, no solo en la construcción, también permanente”, y razones sociales, “con un aumento en el censo de al menos 200 personas de forma permanente y el aprovechamiento de unas buenas instalaciones deportivas” con que se va a dotar al centro.

El regidor comenzó su argumentación tratando de desmentir rumores sobre que este CAPI sea un centro de los conocidos como “menas” (emigrantes menores no acompañados). “Es un centro para acoger en un 95% a familias, en su mayoría numerosas de entre 4 y 7 miembros”, aseguró.

Silvia Mozo, portavoz de la coalición de izquierdas, argumentó la abstención de su grupo en que “no somos insolidarios, pero antes de pretender acoger e integrar a refugiados, debemos asentar nuestra situación social y económica con alternativas de empleo y consolidarlas”. El segundo de sus argumentos lo basó en la falta de información (“no tenemos la información necesaria para tomar una decisión meditada”), en alusión a que sólo hay una declaración de intenciones entre las partes Ayuntamiento y Ministerio.

Y por último, el que más polémica, que y provocó un cruce de declaraciones con Mario Rivas sobre la conveniencia legal o no de haber aceptado la compensación económica de Turespaña, de 544.000 euros por la no construcción del Parador Nacional, el alcalde en funciones sin un acuerdo plenario en tal sentido. “Creemos que el Parador es la mejor alternativa económica y de incentivación para la comarca y debemos seguir luchando porque el compromiso del Gobierno se cumpla y se construya, no renunciamos a él”, zanjaron en Podemos-IU.

Por su parte el portavoz del PP, Roberto González, que previamente juró su cargo y tomó por fin posesión como concejal, argumentó su voto en contra “por falta de información, no está para nosotros claro este proyecto para evaluar con corrección cuales serían los costes sociales que tendríamos que asumir”. Y defendió su postura de votar en contra, hasta poder evaluar con toda la información “como se va a desarrollar”. Porque “Laciana ha demostrado sobradamente saber acoger inmigrantes, en condiciones económicas favorables, lo que no es ahora, donde tienen esas personas ahora posibilidad de trabajo para integrarse”, se preguntó.

Está aprobación por mayoría simple, seis votos favorables, de la cesión de los terrenos, corre el riesgo de ser rechazada. Si los propios servicios jurídicos municipales o los de instancias gubernativas superiores, consideran que este tipo de cesión es uno de los supuestos que la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL), incluye en su Art. 47.2 como necesaria para su aprobación de una mayoría absoluta, es decir, 7 votos mínimos en el caso de Villablino. Lo acogería así el artículo 47.2 de la LBRL.

Atendiendo al texto legal, podría ser anulado el acuerdo de oficio por la Subdelegación del Gobierno, que tiene el encargo y responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes en los acuerdos municipales. Unas circunstancias que pueden venir propiciadas por la urgencia y las prisas con que se tramitó el asunto, sin dar tiempo a valorar convenientemente todos los aspectos.