El Procurador del Común admite la queja contra las obras sobre el yacimiento de Lancia en autovía León-Valladolid
El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja presentada el pasado mes de mayo por la asociación de amigos del patrimonio cultural de León, Promonumenta, contra las obras en un viaducto de la autovía A-60, que ya han ocasionado “daños irreparables” en el yacimiento arqueológico de Lancia, según denunció la propia asociación. Promonumenta denunció que “nadie parece supervisar los afecciones arqueológicas de los trabajos en el viaducto de la autovía León-Valladolid”.
En esa línea, la asociación recordó que los trabajos de construcción de los viaductos sobre el yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1994, vienen ejecutándose desde algunos meses atrás, “supuestamente sin ninguna supervisión de la administración”, una función que recae sobre el arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura en León, según establece el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Patrimonio en febrero de este año, al que la asociación ha tenido acceso.
El documento, por el que se renueva al Ministerio de Fomento la autorización para llevar a cabo los trabajos de seguimiento arqueológico en la autovía A-60, en el tramo entre León y Santas Martas, estipula, además, que la dirección de los trabajos correrá a cargo del arqueólogo Gregorio J. Marcos Contreras, de la empresa Strato.
Además, según el acuerdo de la Comisión de Patrimonio Cultural de junio de 2016, por el que se autorizó el proyecto del viaducto para salvar el yacimiento arqueológico, las obras debían establecer “las cautelas necesarias para preservar los restos que quedarán sepultados bajo el talud de la plataforma”. “ Es indudable que esta prescripción no se ha cumplido, puesto que las excavaciones para cimentaciones de pilares y muros de tierra armada se han realizado sin cautela alguna”, denunció Promonumenta.
En la misma línea, la asociación reprochó que “hasta el momento no se está llevando a cabo ningún trabajo arqueológico, a pesar de que las obras ya han llegado” y recordó que el mismo documento de la Comisión de Patrimonio Cultural recoge la obligación de “llevar a cabo en el área de la necrópolis los trabajos arqueológicos necesarios, si se produjeran movimientos de tierras, siempre con carácter previo”.
A todo ello, Promonumenta añadió la denuncia por el hecho de que “la aprobación del proyecto modificado por la Comisión de Patrimonio Cultural se efectuó sin ni siquiera consultar a las administraciones públicas afectadas, tal y como establece la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental”.