Mañueco anuncia el mismo día del 'apagón' ayudas de hasta 400 euros para que los pueblos no pierdan la nueva señal de TV

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, archivo.

Redacción ILEÓN

14 de febrero de 2024 18:37 h

Hoy, 14 de febrero, era la fecha límite para la desconexión de la señal de la televisión digital terrestre (TDT) que se emitía hasta ahora para ser sustituida únicamente por las emisiones en alta definición (HD), un cambio que amenaza con dejar sin señal visible de cadena de televisión alguna a numerosos habitantes sobre todo de zonas rurales de las provincias de Castilla y León.

Se trataba de un grave problema conocido hace tiempo pero que ninguna administración pública había dado pasos para resolver, hasta el punto de que Gobierno central, Junta de Castilla y León, Diputación de León y los partidos políticos de PP y PSOE se echaban a la cara. Esta desaparición afectaría a cadenas como La 1, La 2, Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta y otras que se emitían hasta ahora en en SD y pasarán de manera automática a HD (Hight Definition), como Nova, Neox, Mega, FDF, Divinity, Energy, BeMad, Paramount, DKiss, DMax, Ten o Trece, entre otras muchas.

Aunque la Junta de Castilla y León se manifestaba no competente sobre este asunto, hasta el punto de que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital pactó con las ocho diputaciones provinciales del PP un frente de presión para que el Gobierno impulsara ayudas para instalar aparatos de recepción de la nueva señal (quedó al margen la Diputación de León, única gobernada por el PSOE), lo cierto es que ahora el mismo día de la desconexión el presidente de la Junta ha anunciado la puesta en marcha de ayudas económicas para solventar la situación.

Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado hoy que se pondrá en marcha próximamente una nueva convocatoria de subvenciones, con un máximo de 400 euros por hogar, para garantizar el acceso al servicio de televisión digital en formato HD o alta definición de todos los ciudadanos en las zonas rurales. Cuenta con un presupuesto inicial de medio millón de euros, aunque habrá crédito ampliable para poder ayudar a los hogares que lo necesiten. Mañueco asegura que se trata de una iniciativa “consecuencia de la inacción del Gobierno de España, competente en la materia”.

Se estima que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital tardará todavía un mes aproximadamente para publicar la convocatoria de estas nuevas ayudas, las cuales incluirán tanto la adquisición del decodificador como la instalación individual de la antena y el cableado necesario para recibir la señal, siempre que estas inversiones se hayan realizado a partir del 1 de enero de 2023, es decir, también con carácter retroactivo.

También se exigirá la condición que tanto los receptores como la instalación se hayan adquirido o encargado a través de uno de los distribuidores autorizados que figuran en el listado presente en el portal www.sattdt.es , único mecanismo habilitado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para solicitar el alta de un receptor.

El servicio de TDT a través de satélite es complementario a la cobertura terrestre, y sólo tienen acceso a él los ciudadanos que residan en zonas de sombra que no dispongan de señal terrestre o ésta sea muy deficiente. Las emisiones se realizan a través del satélite HISPASAT y están cifradas. Por ello, para recibir este servicio es necesario utilizar receptores homologados y activados a través de la plataforma SAT-TDT.

En lo que respecta a las solicitudes para acceder a esta ayuda, cuando se publique y se abra el plazo oficial, deberán presentarse telemáticamente en la sede electrónica de la Junta o presencialmente en cualquiera de los registros previstos por la normativa a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOCYL. Sólo podrá registrarse una por domicilio y se dará prioridad a aquellas peticiones que se correspondan con los inmuebles en los que están empadronados los solicitantes, es decir, las primeras residencias, aunque eso quiere decir que en algunos casos se podrían repescar también segundas residencias.

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