El Obispado de Astorga cierra en tres meses el presunto abuso sexual de un sacerdote que no investigó en cuatro años

Protesta de víctimas de la pederastia ante la sede del Obispado de Astorga.

Carlos J. Domínguez

Han tenido que pasar cuatro años para que el Obispado de Astorga investigara un presunto caso de abuso sexual de un sacerdote de la Diócesis a una persona, de la que no se detalla ni siquiera la edad, y esa investigación se ha cerrado en apenas tres meses concluyendo que hay “falta de elementos de prueba”.

El argumento de ese archivo es que, después de recabarse ahora sí todos los datos, se ha podido confirmar que el cura señalado por ese presunto abuso sexual murió hace más de una década, en concreto el 5 de mayo de 2012, y los hechos habrían ocurrido en el año 1977.

Al informar de todo ello hoy el Obispado astorgano, a través de una nota de prensa pública en la que dice lamentar “profundamente lo ocurrido”, la Diócesis admite que estos mismos hechos no se investigaron en modo alguno cuando se tuvo conocimiento por primera vez del caso, en febrero de 2019, tal y como recogen en ese comunicado.

Así, la prelatura admite, mencionándolo expresamente, que el entonces obispo, Juan Antonio Menéndez, el cual había sido designado por la Conferencia Episcopal Española como presidente de la comisión encargada de actualizar los protocolos de actuación contra los abusos sexuales en la Iglesia católica, lo que se limitó a hacer en 2019 en vez de investigar fue ponerse “en contacto” con el denunciante “a través de la Delegación Episcopal de Protección de Menores y Acompañamiento a las Víctimas, poniendo a su disposición sus recursos para realizar una adecuada acogida, escucha y acompañamiento”.

Detalla aún más: Que Menéndez (muerto repentinamente ese año 2019), fue quien escribió una carta al denunciante “en la que expresaba el profundo dolor que le causaba la noticia, pedía perdón en nombre de la Iglesia y reiteraba la disposición de la Diócesis de Astorga a apoyarla y acompañarla”, pero todo ello sin aclarar los detalles.

La misma denuncia, cuatro años después

Por ese motivo, ha tenido que recibirse un nuevo escrito vía postal de esa misma presunta víctima “en enero de este año”, admite la Diócesis, dirigida al nuevo prelado, Jesús Fernández, para que, ahora sí, se decretara “iniciar una investigación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido”, además de que nuevamente la Delegación Episcopal contactara con esta persona para insistir en “poner a su disposición los recursos de acompañamiento y reparación psico-espiritual”.

Fruto de esta investigación cuatro años después de la primera vez que tuvo noticia, el Obispado admite por fin que por la muerte del sacerdote señalado y el tiempo transcurrido desde los hechos, un total de 46 años, “la investigación realizada no ha permitido llegar a conclusión alguna”, por lo que se limita a lamentar “lo ocurrido, así como el daño que haya podido sufrir esta persona”, haciendo gala de lo que llaman “empatía y cercanía” que hacen “extensiva a todas las personas que hayan sufrido abusos y que todavía no han podido sanar el daño sufrido”.

“El señor Obispo y todas las personas que trabajamos en acciones educativas, formativas, asistenciales y pastorales en la Diócesis de Astorga estamos comprometidos e implicados seriamente en la realización de un importante trabajo de sensibilización y prevención, que responde a nuestro compromiso en el cuidado de las personas, especialmente de los más inocentes y vulnerables, promoviendo una cultura de buenos tratos dentro de la Iglesia”, concluye el comunicado.

El antecesor del actual obispo asturicente, Juan Antonio Menéndez, a pesar de haber sido a quien la Iglesia católica en España eligiera para tratar de poner freno a los casos de abuso sexual en su seno, fue duramente criticado por decisiones como no expulsar del sacerdocio a un cura, José Manuel Ramos Gordón. Y eso a pesar de que se le considerara demostradamente pederasta en el Seminario de La Bañeza  y el Colegio Juan XIII de Puebla de Sanabria (Zamora) entre los años 1981 y 1984. Una de sus víctimas consideró estas decisiones “una burla”, como aireó en un conocido programa de Jordi Évole que investigaba este tipo de casos en el Obispado de Astorga. Aquel trabajo periodístico aún se puede ver aquí.

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