El obispo que no expulsó al cura abusador de La Bañeza, elegido para reformar la normativa católica sobre pederastia
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, será el encargado de presidir una Comisión de Trabajo puesta en marcha por la Conferencia Episcopal Española que tendrá como fin actualizar los protocolos de actuación contra los delitos de abusos sexuales cometido en el seno de la Iglesia y también poner en marcha una nueva normativa para atajar la pederastia centrada en la prevención y la protección de los menores.
El encargado de presidir este nuevo ente, el obispo de Astorga, ha sido cuestionado por su actuación en los casos de pederastia ocurridos en el Seminario de La Bañeza, en concreto los llevados a cabo por el cura José Manuel Ramos Gordón, que fue condenado por la Iglesia con la privación del ejercicio del sacerdocio durante 10 años y a residir fuera de la Diócesis de Astorga. Esta fue la segunda condena a este párroco por abusar sexualmente de menores, en una primera condena, por otro caso diferente, en este caso de dos hermanos, la pena interpuesta por el Vaticano fue de un año de inhabilitación, que fue considerada por uno de los denunciantes “una burla”.
José Manuel Ramos Gordón, responsable de Patrimonio de la diócesis, y sacerdote de Tábara en el momento de ser apartado de sus funciones, se convirtió en el primer caso de pederastia verificado, reconocido y castigado por la Iglesia católica que trasciende en Castilla y León.
Muchas de las víctimas de Ramos Gordón y compañeros de clase de éstas también han acusado al Obispo de Astorga de actuar de forma “totalmente opaca” y de silenciar estos abusos sexuales a menores durante años.
Con este currículum, el obispo de Astorga, será el responsable de una comisión que tendrá que poner en marcha una normativa que, según explica la propia Conferencia Episcopal, “sustituirá a los protocoles actuales, se adecuará de manera más perfecta al 'Modelo de Directivas' redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo”.
