Coto judicial a las normas urbanísticas de León provincia por permitir industrias en montes protegidos o ampliar suelo urbano

Dos años después de su entrada en vigor, las normas urbanísticas territoriales (NUT) de la provincia de León, se han visto modificadas en varios aspectos por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que ha considerado ilegales tres aspectos, de entre varios denunciados por Ecologistas en Acción. Las normas afectan a 85 de los 211 municipios de la provincia que no tienen regulación urbanística propia

El pasado 5 de noviembre el Boletín Oficial de Castilla y León recogía la sentencia y los cambios anulados, que pasan a ser firmes tras su publicación. La justicia anuló tres de las previsiones de las normas sobre clasificación del suelo urbano y actividades industriales en terrenos rústicos.

Las normas en vigor fueron aprobadas y entraron en funcionamiento en junio del 2024, impulsadas por la Diputación de León y la propia Junta de Castilla y León para sustituir una desfasada normativa urbanística que databa del año 1991. La Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León impugnó varias disposiciones al entender que permitían ampliar indebidamente el suelo urbano, facilitaban actividades industriales en espacios protegidos y reducían determinadas garantías ambientales.

Anulada la ampliación a 100 metros para suelo urbano

La primera disposición anulada es la previsión del artículo 168 que permitía ampliar hasta 100 metros la distancia de los servicios urbanísticos para considerar urbanos determinados terrenos vinculados a actividades productivas. El artículo 23 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León fija, sin embargo, una distancia máxima de 50 metros para disponer de acceso y servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad.

Durante el procedimiento, los técnicos de la Junta justificaron la ampliación de esos metros por la existencia de almacenes, equipamientos deportivos y otras construcciones situadas en las inmediaciones de pequeños núcleos rurales. Los magistrados reconocen que esa problemática es real, pero advierten de que las necesidades prácticas no permiten modificar una exigencia reglamentaria. El planeamiento urbanístico no puede ampliar un límite legalmente establecido sin habilitación normativa, por lo que declara nula exclusivamente la referencia a los 100 metros.

No obstante, el tribunal mantiene la validez del sistema que combina la delimitación gráfica del suelo urbano con criterios objetivos sobre disponibilidad de servicios. Considera que ambos mecanismos son compatibles y proporcionan mayor seguridad jurídica que el modelo anterior.

También se conserva la posibilidad de reconocer como suelo urbano consolidado terrenos situados fuera del límite gráfico cuando cumplan los requisitos exigidos, que Ecologistas en Acción pedía anular. Si esos terrenos están clasificados como suelo rústico protegido, será necesario un informe favorable de la Administración competente en la materia correspondiente a su protección

Prohibidos usos industriales, comerciales y de almacenamiento en montes protegidos

La anulación más relevantes de las normas urbanísticas de la provincia leonesa afecta al fichero que regula las condiciones particulares del suelo rústico con protección natural en la categoría de Montes de Utilidad Pública. Las NUT de León contemplaban determinados usos industriales, comerciales y de almacenamiento que resultan incompatibles con el régimen de protección aplicable a estos espacios.

La sentencia destaca que la propia Junta de Castilla y León reconoció, mediante un informe del Servicio de Urbanismo aportado al procedimiento, que existía una contradicción en el cuadro de usos permitidos. La Administración admitió que deberían eliminarse las referencias a estas actividades y mantenerse únicamente los usos dotacionales no prohibidos.

Los magistrados estiman la impugnación y declaran la nulidad parcial del fichero, exclusivamente en cuanto contempla los usos industriales, comerciales y de almacenamiento contrarios a la legislación forestal y urbanística. La nueva regulación tras la sentencia concreta las condiciones edificatorias aplicables a las instalaciones dotacionales que puedan resultar autorizables, entre ellas figura una parcela mínima de 3.000 metros cuadrados, una ocupación máxima del suelo del 20%, una altura máxima ordinaria de siete metros a cornisa y nueve metros a cumbrera, con un máximo de dos plantas. El texto prevé excepciones a las alturas cuando concurran necesidades técnicas debidamente justificadas.

Para determinadas construcciones agrícolas, ganaderas, forestales, piscícolas y cinegéticas, el fichero conserva otras condiciones específicas, como una ocupación máxima general del 25%, que puede alcanzar el 50% en parcelas de superficie igual o inferior a 5.000 metros cuadrados, siempre dentro del régimen de usos que resulte aplicable.

Autorización excepcional para pequeñas industria agroalimentaria

La tercera disposición anulada corresponde al artículo 144.2, que incluía dentro de los usos agropecuarios ordinarios a las pequeñas industrias de primera transformación y venta directa de productos agrícolas, ganaderos, forestales, piscícolas o cinegéticos, siempre que estuvieran vinculadas a una explotación y tuvieran menos de 50 trabajadores.

La Junta defendió esta regulación como una medida destinada a favorecer la actividad económica y combatir la despoblación rural. Sin embargo, el tribunal considera que el tamaño de una empresa no modifica la naturaleza industrial de su actividad. Procesos como la elaboración, pasteurización, envasado o embotellado de productos agrarios constituyen actividades industriales, aunque se desarrollen en instalaciones pequeñas y vinculadas a explotaciones agrícolas o ganaderas.

Los magistrados explican que el artículo 57 del Reglamento de Urbanismo exige autorización excepcional para estos usos en suelo rústico. Por ello, anulan la previsión que los consideraba actividades agropecuarias ordinarias, al entender que eliminaba indebidamente el control administrativo individualizado. La Sala precisa que cualquier flexibilización de este régimen requeriría modificar previamente el Reglamento urbanístico autonómico, sin que pueda introducirse directamente mediante unas normas provinciales.

El tribunal rechaza que exista desprotección de ríos y embalses

Finalmente la sentencia desestima la pretensión ecologista de recuperar las antiguas franjas generales de protección de 100 y 200 metros alrededor de cauces, lagos, lagunas y embalses, establecidas en las normas de 1991.

La Sala considera acreditado que el nuevo planeamiento utiliza cartografía hidrológica más precisa, incorpora las zonas inundables y de flujo preferente y respeta las servidumbres y zonas de policía establecidas por la legislación de aguas. Por tanto, entiende que no se ha demostrado una reducción injustificada de la protección ambiental ni una vulneración del principio de no regresión.

También rechaza que el régimen mínimo del artículo 64.2 del Reglamento de Urbanismo deba aplicarse indiscriminadamente a todos los suelos rústicos con protección natural, al distinguir la normativa entre terrenos sometidos a legislación sectorial específica y aquellos que carecen de ella.