Vox protegerá símbolos franquistas como patrimonio valioso en Castilla y León: “Las memorias no se pueden borrar”

Monumento franquista a sus 'caídos' que permanece en Castrocontrigo, León.

Pese a que la Junta de Castilla y León deja dormir el sueño de los justos a decenas de monumentos históricos con expedientes abiertos para ser aprobados como Bien de Interés Cultural, el consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, insinúa que dará prioridad a las placas de los caídos franquistas, 39 en la Región Leonesa (9 en la provincia de León, 10 en Zamora y 20 en Salamanca) y 121 en Castilla, por encima de todas las demás.

“Las memorias no se pueden borrar”. Con este argumento ha defendido el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, la iniciativa del Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes para que su departamento proteja más de 160  cruces y placas de homenaje a 'caídos por España' aún existentes en la Comunidad.

El partido de extrema derecha, en plena consonancia con su consejero elegido por la formación dentro del Gobierno que mantiene con el Partido Popular en Castilla y León, reclama que se les nombre Bien de Interés Cultural (BIC) de modo que así puedan ser protegidos de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que impone la desaparición de espacios públicos de este y otros tipos de símbolos de la dictadura franquista y la represión.

Santonja ha justificado su pleno apoyo a esta maniobra por considerar que se tratan de “testimonios fehacientes de la historia” y los circunscribe a la “guerra incivil”, que es como reiteradamente se ha referido hoy a este asunto al hablar de las acciones bélicas originadas por el golpe de Estado del general Franco y otros militares en 1936.

El consejero, elegido por Vox al frente de Cultura, hizo estas declaraciones, recogidas por la Agencia ICAL, durante una visita a un trozo de muralla que se ha derrumbado en Ciudad Rodrigo (Salamanca).  Con esta iniciativa, Vox reclaman al Gobierno autonómico del que forman parte que adopte las medidas precisas para “evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas u otros elementos que transmiten información significativa sobre nuestro pasado histórico, adosados a edificios públicos o situados en la vía pública por ser considerados contrarios a la memoria democrática”.

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