UPA-COAG denuncia carencias sanitarias en los pueblos por el aumento de población en verano
La Alianza UPA-COAG advirtió hoy a la Junta de Castilla y León que ante la “avalancha”de ciudadanos en los pueblos en este mes de agosto, donde la población “se duplica o triplica en muchos casos, no puede prestarse un deficitario servicio público sanitario”.
“Con médicos de baja, vacaciones, exenciones de guardia y otras circunstancias laborales de los profesionales del sector, el Gobierno regional no puede mirar a otro lado y tener desatendidos a la población rural de Castilla y León”, denunció en un comunicado de prensa.
El sindicato agrario hizo un llamamiento a la responsabilidad de la Junta de Castilla y León para que tenga en cuenta la situación en un mes como el actual, “con superpoblación, donde existe el riesgo de que los ciudadanos de los pueblos sufran un caos absoluto si políticamente no se aportan soluciones y se ponen medios humanos”.
La organización agraria apuntó que las políticas que se están llevando a cabo en materia sanitaria desde el Gobierno regional “dejan mucho que desear, desprotegiendo a los ciudadanos, limitando las plantillas de profesionales médicos, cerrando plantas y camas, con menos profesionales y menos visitas a los pequeños municipios, con listas de esperas más grandes tanto de atención médica como de operaciones, y con decisiones discriminatorias con el medio rural y con las zonas de montaña”.
La organización sindical agraria recuerda al Gobierno autonómico del PP que dirige Juan Vicente Herrera que la población que vive en los pueblos pequeños y medianos paga sus impuestos y se merece la misma sanidad que los que viven en las ciudades: “Bajo nuestro punto de vista en un tema de tanto calado social como es el de la sanidad pública y asistencial en ningún caso deben utilizarse argumentos meramente economicistas que condenen la calidad de vida en los pueblos. Consideramos que el presupuesto público destinado a temas sanitarios y asistenciales debe tener en cuenta no sólo los aspectos económicos, sino también los sociales y de equilibrio territorial”.
En este sentido, el sindicato agrario incidió en que las estructuras poblacionales de Castilla y de León, con un envejecimiento creciente en todo sus territorios, deben ser atendidas para se que cumpla con el principio de igualdad como derecho constitucional. “Todo lo que sea recortar el gasto social, mediante la reducción de las prestaciones supone poner en riesgo el Estado del Bienestar”.
