Polémica por una batida de caza autorizada en el Monte San Isidro de León pese a que su plan de gestión lo prohíbe
Un supuesto descontrol de la población de jabalíes en el Monte San Isidro de León ha culminado este año con una polémica autorización de caza en este pulmón verde de la ciudad, declarado Zona Natural de Esparcimiento por la Junta de Castilla y León, y por tanto, un espacio con mayores niveles de protección que cualquier otro lugar de acuerdo a la normativa en vigor.
Pero la Diputación de León y la Junta de Castilla y León han optado, denuncia Ecologistas en Acción, por convertir el Monte San Isidro y sus casi 128 hectáreas en un coto de caza más, al autorizar una batida al amparo del control poblacional de jabalíes, que la organización ecologista cuestiona.
El plan de gestión del Monte San Isidro en vigor señala expresamente que “aunque en el monte podemos encontrar especies cinegéticas, el aprovechamiento cinegético es totalmente incompatible con el uso público del monte”, algo que se reitera en la declaración de Zona Natural de Esparcimiento que asegura que “el uso social y recreativo impide el aprovechamiento cinegético” en su página 31, y que se puede consultar aquí.
Desde Ecologistas en Acción recuerdan que, además, el jabalí es una especie estable y no cinegética y que “se han falseado datos en cuanto a su número a fin de obtener permisos de control poblacional que permitan abatir uno o dos ejemplares que eran los que había”.
El control poblacional es uno de los trucos que la Junta de Castilla y León usa para permitir caza discrecionalmente. Con la normativa de caza actualmente suspendida por orden judicial era la vía que la consejería de Fomento y Medio Ambiente exploraba para permitir cazar en la Comunidad de forma temporal saltándose la prohibición judicial, aunque finalmente habrá una nueva normativa que se aprobará esta semana en las Cortes.
Descontrol en la gestión del monte
Por otro lado, desde Ecologistas en Acción también denuncian otras cuestiones sobre la gestión del monte como la existencia de un camino asfaltado en un tramo que arranca desde el complejo San Cayetano y penetra en la zona natural en al menos 100 metros elaborado “con agentes químicos o aglomerados asfálticos que pueden considerarse vertidos”. “También se observa que bajo el eufemismo de 'refugios de fauna' se han deshecho de material forestal no deseado (tocones y raíces de ciprés). La ubicación de dichos montículos en los márgenes de caminos transitados resulta incompatible con el refugio o cría de cualquier animal silvestre”, añaden los ecologistas.
Otra de las críticas de este colectivo a la gestión de este espacio natural es que se han producido grandes desbroces sobre todo en márgenes de caminos y sendas más allá de los 10 metros recomendados en el Plan técnico para la prevención de incendios, además en alguna ocasión se ha realizado con tractores y apero de cadenas. Con esta actuación, precisan, “se eliminan especies vegetales valiosas como el espino albar, además de jara, escoba, lavanda, tomillo y otras muchas especies botánicas que sirven de alimento y refugio a numerosas aves e insectos”.
Por todo ello, desde Ecologistas en Acción consideran que estas actuaciones “arbitrarias y no planificadas provocan dudas sobre el futuro próximo y hacen pensar que el monte se encamina hacia una situación caótica”. Lamentan que ya se aprecie en la zona una alarmante pérdida de biodiversidad y se haya constatado una disminución de las especies de líquenes, hongos silvestres, plantas, insectos y otras especies faunísticas que se encontraban presentes pocos años atrás, como el águila calzada.
Para evitar que el daño en este espacio natural continúe en aumento reclaman un compromiso conjunto de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación por el cumplimiento estricto de la planificación y por una gestión cuidadosa, poco intervencionista y sensible con los valores que alberga la Zona Natural de Esparcimiento.
El monte San Isidro se encuentra actualmente bajo disputa judicial entre la Diputación de León, su actual propietario, y la Fundación Sierra Pambley, que se lo 'cedió' en la dictadura franquista para dedicarlo a fines sociales. El supuesto incumplimiento de esos fines sociales llevó a Sierra Pambley a interponer un contencioso contra la Diputación, en la que reclama que se le indemnice por la falta de cumplimiento del acuerdo de 1949.
