Pena de 3 años de cárcel para el abogado bembibrense Blanco Balín por la 'Gürtel' valenciana
El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto penas que van desde los 4 meses de cárcel a los 6 años y 9 meses para 18 de los 20 acusados en el juicio de la rama valenciana del caso Gürtel, al considerar acreditada su participación en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales del 2008.
En la sentencia, relativa a las piezas separadas de Valencia 1, 2 y 6 del caso Gürtel, se condena a los a acusados por delitos electorales, falsedad documental continuada y contra la hacienda pública. El fallo detalla las penas y los delitos a los que son condenados los acusados (ver cuadro de condenas).
La pena impuesta al líder de la trama, Francisco Correa, es de 5 años y 3 meses, a su mano derecha, Pablo Crespo, de 5 años de cárcel, y a Álvaro Pérez, de 6 años y 9 meses. A todos ellos, en determinados delitos, se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa y a Correa, además, la de reparación del daño por haber permitido la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero de origen berciano Ramón Blanco Balín.
Entre la excúpula del PPCV en la época de los hechos, la Audiencia condena al exsecretario general Ricardo Costa a 4 años de cárcel al aplicar el juez las atenuantes de colaboración activa o confesión. La exgerente Cristina Ibañez resulta condenada a 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, a 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, a 4 meses. Por contra, el Juzgado Central de lo Penal absuelve al exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla.
La sentencia impone penas de cárcel que llegan hasta 1 año y 9 meses de cárcel a los nueve empresarios que reconocieron los hechos: Antonio y Alejandro Pons, de Piaf SL; Enrique Gimeno, de Facsa y Aguas de Castellón; Rafael y Tomas Berna, de Grupo Vallalba, CHM Obras e Infrestructuras SA y Padelsa Infrestrucutras SA (Pavimentos del Sureste SA); Gabriel Alberto Batalla, de Luis Batalla SA y Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL; Enrique Ortiz y José Beviá del Grupo Ortiz e Hijos, y Vicente Cotino, de Sedesa Obras y Servicios S.A.
El Juzgado sustituye dichas penas por multas, que llegan hasta los 154.500 euros, al aplicarles a todos ellos también la circunstancia atenuante de colaboración activa y haber ingresado ya las cuantías reclamadas para garantizar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos. Las cantidades ingresadas/avaladas por estos condenados ascienden en total a 1.057.101 euros. Uno de los empresarios, José Enrique Fresquet, resulta absuelto al haberse retirado la acusación.
Condena a Balín
El abogado bembibrense Ramón Blanco Balín, considerado 'cerebro' financiero de las empresas de Francisco Correa, ha sido condenado a un total de 3 años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, con un año de prisión cada uno, y a pagar multas que suponen 1,2 millones de euros por fraude en el impuesto de sociedades e IVA en los años 2006 y 2007. La Fiscalía pedía para Blanco Balín hasta 17 años de prisión al considerarle corresponsable de siete delitos de carácter fiscal cometidos por las empresas de la trama.
La sentencia detalla las actuaciones de los empresarios condenados que, en connivencia con los acusados vinculados al PP valenciano y a los responsables de Orange Market, financiaron una parte del gasto comprometido por los cargos políticos acusados. Asumieron el pago que dicha formación política debía a la mercantil, haciéndolos aparecer como si fueran servicios prestados por Orange. Esta mercantil les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados. Además del papel de los cargos políticos, empresarios y responsables del Grupo Correa, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras facturas eran falsas y también con pagos en 'B'.
El leonés Blanco Balín ha sido considerado desde el inicio de la investigación como uno de los nombres claves de la trama, señalado por su gran cercanía al expresidente del Gobierno José María Aznar. Merced a su esa posición llegó a ser vicepresidente del gigante petrolero Repsol bajo los primeros gobiernos populares aunque luego volvió a su profesión de abogado, pasando a ocuparse de los asuntos de Francisco Correa en el año 2005, tal y como él contó en sede judicial.
El empresario de orígenes bercianos se enfrenta a una pena de 8 años y 6 meses de prisión en la pieza separada de las irregularidades de la trama en Boadilla del Monte; también está imputado en la pieza separada de la visita del Papa a Valencia en 2006 por la que se le piden 18 años de cárcel por la Fiscalía y que se juzgará próximamente.
Blanco Balín está inmerso, además de este juicio, imputado en otras piezas separadas del caso Gürtel, como la visita del Papa a Valencia en la que le piden 8 años y 7 mess de prisión, o las irregularidades en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en la que la Fiscalía solicita 18 años de cárcel, ambas pendientes de juicio.
Contra la sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
