Pilar Fernández (UGT): “El coronavirus deja al descubierto las carencias de la atención a los mayores, donde prima el lucro empresarial”

Pilar Fernández, secretaria provincial del Sector Sociosanitario y Dependencia de UGT

Antonio Vega

Las residencias de mayores y dependientes se han convertido en la gran preocupación de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19. Sólo en la provincia de León la Junta de Castilla y León informa de 616 fallecimientos de personas mayores residentes en centros asistenciales, de los que más de la mitad son por el coronavirus o por síntomas compatibles.

El Gobierno autonómico, en quien residen las competencias en materia de dependencia, ya ha admitido que hay que revisar el modelo de residencias de mayores y ha ofrecido pactarlo en las Cortes, donde ha recibido críticas de la oposición por la situación generada en los centros que cuidan de la población más vulnerable.

Este primero de mayo, Día de los Trabajadores, entrevistamos a Pilar Fernández, responsable de Dependencia en UGT León, para hablar de la situación de los trabajadores de las residencias de mayores y dependientes. Su sindicato ya ha pedido una auditoría de las residencias de mayores que aclare todo lo que ha pasado en esta crisis y la elevada mortandad ocurrida. Desde hace años Fernández denuncia que la precariedad laboral juega en contra de la situación de los residentes, con un modelo con alta precariedad y ratios que inciden en cómo se cuida a los mayores y dependientes. La crisis de la Covid-19 ha dejado en evidencia los fallos de un sistema que la Junta ya ha anunciado que deberá modificar. UGT lo tiene claro, para empezar son necesarias mejoras en ratios de trabajadores que lleven a una mejor asistencia y nuevos convenios que mejoren las condiciones laborales. Un punto de partida que ahora empezará a negociarse.

¿Cuál es la situación actual del personal que trabaja en el sector de residencias de mayores y de las Auxiliares de Ayuda a Domicilio ?

Las trabajadoras están agotadas tanto física como mentalmente ya que la presión a la que han estado expuestas ha sido muy grande

Después del choque inicial que supuso el estado de Alarma, actualmente las trabajadoras siguen con miedo, por el desconocimiento y la inseguridad que genera el covid 19. Por otro lado, las trabajadoras están agotadas tanto física como mentalmente, la presión a la que han estado expuestas ha sido muy grande para las Gerocultoras por las situaciones que se vivían en las Residencias y para las Auxiliares de Ayuda a Domicilio por la incertidumbre de perder el trabajo, el miedo a contagiar y ser contagiadas, la verdad que los primeros 15 días fue muy caótico todo y probablemente todo esto les pase factura a nivel de salud en poco tiempo.

Y hablo en femenino porque el 97% de las trabajadoras de ayuda a domicilio son mujeres y en el ámbito residencial sobre el 85%.

¿Han perdido derechos en los últimos años? ¿Su situación laboral ha mejorado al avanzar desde la crisis económica que se inició en 2008?

Han perdido muchos derechos desde la crisis de 2008, UGT viene denunciando los recortes desde hace años han sido en todos los aspectos, tanto a nivel salarial como en derechos adquiridos, que se perdían con la excusa de la crisis y de la misma manera que las trabajadoras perdían derechos y poder adquisitivo las empresas no dejaban de incrementar sus ganancias, además muchas licitaciones que tenían con las administraciones públicas ya contemplaban las subidas anuales del IPC.

Este sector se rige por 2 convenios colectivos, el de Residencias por el VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y el del S.A.D por el III Convenio Regional de Ayuda a Domicilio de Castilla y León, dichos convenios están finalizados, en fase de negociación y con un bloqueo total por parte de las mesas negociadoras.

El VII Convenio Marco Estatal de Servicios de Atención a la Dependencia, firmado por la parte empresarial del sector y otro sindicato, la jornada anual sigue igual que hace 18 años, 1792 horas, y donde se pone a merced de las necesidades del servicio a limpiar a las gerocultoras.

Este convenio está vencido desde 2018 y la subida salarial está vinculada a un incremento del PIB por encima del 2%, hecho éste que no ha ocurrido, por tanto, no habrá subida salarial para el 2020, y seguro que ninguna gratificación por el coronavirus.

El III Convenio Regional de Castilla y León para el servicio de Ayuda a Domicilio, también está bloqueado, tenemos pendiente un SERLA para ver si se avanza en la situación y dónde los puntos más conflictivos han sido el reconocimiento del 100% del tiempo de desplazamiento entre usuarios como tiempo efectivo de trabajo y una subida salarial acorde con el AENC del 2% anual. Este convenio lleva sin negociar ningún artículo 11 años, únicamente ha habido actualización de tablas salariales en julio de 2018 hasta diciembre de 2019.

La intransigencia total de las patronales a introducir cualquier mejora, es por lo que están bloqueados estos convenios, empresas que en su mayoría pertenecen a grupos empresariales muy potentes y que han hecho de la profesión del cuidado un negocio muy rentable a costa de las trabajadoras del sector y la calidad asistencial de los residentes.

Las empresas han sido muy negligentes al no facilitar a sus trabajadoras las medidas de prevención y tenían que haber tenido aprovisionamiento suficiente como marcan los planes de prevención

¿Cómo ha afectado la pandemia del Covid.19 a la situación de las trabajadoras del sector de las residencias de mayores?¿Han estado desprotegidas? ¿De quién es la responsabilidad, empresas o Junta o ambas?

Hasta hace muy poco las medidas de protección eran escasas e insuficientes, en algunas residencias no tuvieron Epis hasta primeros de abril y en otras esos Epis estaban bajo llave por si venían tiempos peores, lo cual me parece incluso delictivo, pues los primeros días era cuando más riesgos había de contagios, ha sido vergonzoso como las empresas han jugado con la salud de las trabajadoras, en residencias con un alto índice de fallecimientos incluso han despedido a trabajadoras por reclamar medidas de seguridad y otra empresa a mediados de febrero sancionó a una de nuestras delegadas sindicales por pedir que se cumplieran los protocolos de higiene y salud en su centro de trabajo, por supuesto eso no estaba puesto en la carta de sanción.

Yo pienso que las empresas han sido muy negligentes al no facilitar a sus trabajadoras las medidas de prevención, los primeros días, la excusa es que no encontraban material, cierto, pero tenían que haber tenido aprovisionamiento suficiente como marcaban la inmensa mayoría de los planes de prevención de las empresas antes de la pandemia.

Y la Junta tampoco ha estado acertada, si somos un servicio esencial lo somos para todo y con todas las garantías, las trabajadoras de la Dependencia no son de 2ª clase, en cambio así han sido tratadas.

Todas las mejoras de los trabajadores se han conquistado históricamente a través de la lucha. Nadie nos ha regalado nada. Lo que está demostrado que no sirve para nada es no hacer nada, con lo cual nos tocará seguir luchando por nuestra dignidad, tanto en el salario como en nuestras condiciones laborales y por ende por la dignidad de los usuarios. Hay mucho que proteger y mucho que hacer

Desde el sindicato, anunciamos lo que estaba sucediendo y lo que podía suceder. Pero no nos escucharon. Porque para la sociedad, los cuidados y las mujeres que los desempeñan, son seres invisibles. Ahora, que el dolor nos toca al conjunto de la sociedad, por favor, protéjannos. “Solo cuando la profesión de cuidar sea digna, el cuidado de las personas mayores será digno”.

Sin un marco normativo ejemplar y sin convenios que dignifiquen la profesió de trabajo de cuidados seguiremos estando desprotegidas

La Junta plantea cambios en el sistema de residencias. ¿Deben incluirse mejoras que garanticen la seguridad laboral del personal?

Precisamente la Seguridad y Salud de las personas trabajadoras es fundamental en las reivindicaciones de UGT. El sector presenta una alta incidencia de trabajo precario (temporalidad y parcialidad) y bajos salarios, lo que se traduce de manera inmediata en una pérdida de salud y hace que se disparen los accidentes de trabajo.

El sector de la dependencia presenta una alta incidencia de trabajo precario (temporalidad y parcialidad) y bajos salarios

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León presentó ya un informe de valoración desde el punto de vista laboral/sindical de la situación de las Residencias y Centros de Día de Mayores con el fin de que sirva de reflexión y base para mejorar la situación actual.

En primer lugar, en este informe se recogía según el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (INSST), la “Asistencia en establecimientos residenciales” (CNAE 87) es una de las ramas de actividad de mayor siniestralidad laboral del país, siendo la primera del sector terciario. Esta preponderancia no es un hecho puntual ya que la siniestralidad del sector viene ocupando este puesto en los últimos años, presentando, adicionalmente, cifras, progresivamente crecientes.

Por lo tanto, la planificación y diseño de políticas preventivas con enfoque de género (el 95% del empleo es femenino) deben estar destinadas a disminuir la siniestralidad de un sector que debe ser una prioridad de los poderes públicos. En el caso de esta actividad, los sobresfuerzos físicos son los más destacados alcanzando el 56% del total.

De hecho, las trabajadoras del sector presentan 2,5 veces más de posibilidades de tener una lesión debida a sobreesfuerzos que el resto. Este tipo de lesiones afectan fundamentalmente al cuello, espalda, hombro y muñeca. Estos casos, suelen obedecer a la falta de ayudas técnicas, la falta de adaptación de mobiliario e instrumentos a las necesidades de las trabajadoras, la repetición de muchas de las tareas y el estrés producido por la acumulación de las mismas. Son las cifras de accidentes laborales por lesiones musculoesqueléticas las que han hecho saltar la alarma.

Por otro lado, las agresiones físicas por personas causan el 6% de los accidentes en el sector. Si consideramos la actividad de “Actividades sanitarias y servicios sociales” el porcentaje asciende al 48%. En contra de lo que pudiera parecer, mientras que Sanidad engloba el 36% de las agresiones, la asistencia en establecimientos residenciales concentra el 48% de las agresiones.

Mención aparte, y no menos importante, todo lo relacionado con los riesgos psicosociales, aunque el reconocimiento de estas patologías es prácticamente inexistente para las empresas, las trabajadoras del sector muestran carencias compartidas que las hace más vulnerables, no sólo a los trastornos musculo esqueléticos, sino también, a los riesgos psicosociales derivados de la naturaleza de la actividad (atención a personas) así como de las condiciones en las que prestan sus servicios.

Mencionar además, que el consumo habitual de psicofármacos tales como ansiolíticos, relajantes musculares, antidepresivos e hipnóticos es muy elevado en este sector. Aproximadamente una de cada tres trabajadoras consume analgésicos y antiinflamatorios habitualmente, y algo más del 8%, fármacos psicótropos. Estos consumos están asociados a la exposición crónica a factores de riesgo ergonómico y psicosocial, lo que evidencia el coste de cuidar.

¿Qué creeis que debe cambiarse?

El coronavirus deja al descubierto las carencias del servicio de Atención a los mayores donde prima el lucro

Con motivo de la crisis del Covi-19 ha dejado sin efecto el Decreto 14/2017. Pues hay 4 resoluciones, y en todas ellas inadmiten el recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León. Son firmes por publicación y por el tiempo transcurrido.

Lamentablemente hemos pasado del “sobresaliente en dependencia” a ser una de las autonomías con más fallecidos, porque el modelo donde se asienta es la precariedad laboral. Tienen que suceder situaciones “dramáticas de muertes”, para que se confirme lo que veníamos denunciando “la precariedad no da calidad”. Antes de la epidemia la situación dentro de los centros residenciales de mayores ya era muy complicada por varios factores.

Primero por problemas de falta de personal (ratios mínimas y bajas frecuentes por sobrecarga física y emocional), Segundo por instalaciones poco adecuadas y medios y recursos precarios para aplicar un nuevo modelo de Atención Centrada en la Persona. Cabe recordar que más del 88% del modelo residencial descansa en lo privado.

Ahora, el coronavirus deja al descubierto las carencias del servicio de Atención a los mayores, donde prima el lucro. ¿Qué ha pasado en las residencias de Castilla y León con el mejor modelo de atención (ACP)?

Desde la FeSP-UGT pedimos cambiar las reglas de juego de la Junta intentando hacer una crítica constructiva y siempre para sumar. Denunciamos públicamente que no se puede ofrecer una atención adecuada sin que exista un número de profesionales adecuados, para dar una atención humanitaria según el modelo de ACP. Además, se requiere formación continua y que el personal esté formado en geriatría, para la Junya todo le vale con tal de no profesionalizar y valorar el trabajo de cuidados.

UGT insta a la Junta a un cambio de modelo residencial y a trabajar el modelo desde las decisiones técnicas con diferentes actores para poder fijar unas bases de metodología y de los indicadores de control, es muy importante que salga bien pues el coronavirus si entiende de recortes y precariedad laboral. Hay que fijar también ratios suficientes en todos los profesionales para evitar la falta de personal en los momentos difíciles y en el trabajo de cada día para mantener la calidad y que no redunde en perjuicio de los usuarios y las personas trabajadoras. Es necesario que pase por el Dialogo Social para evitar los incumplimientos de la norma y vigilar desde las organizaciones sindicales para hacer su seguimiento.

¿Debe haber un modelo más eficiente de control de lo que pasa en las residencias?

Hemos pasado del 'sobresaliente en dependencia' a ser una de las autonomías con más fallecidos porque el modelo es la precariedad laboral

Por supuesto, el reto más inmediato es que las residencias cuenten con equipos de protección suficientes, “las inspecciones han fallado”.

Hay un vacío de información de las residencias privadas, los datos no se dan desagregados y a la ciudadanía se le oculta información. Desconocemos cuantas inspecciones y sanciones hizo la Junta para controlar sus centros residenciales. Ella tiene toda la responsabilidad en la gestión del modelo residencial, las competencias de Sanidad y Dependencia, son suyas. También en Ayuda a Domicilio

Además desde el punto de vista de la salud, el cuidado es un aspecto más de la protección de la salud, un derecho fundamental que debe ser garantizado por la Comunidad. Los entes locales se hacen cargo de tal dimensión y la hacen extensiva a sus ciudadanos a través de las competencias delegadas para garantizar los servicios de proximidad que prestan los Ayuntamientos y Diputaciones.

Ahora no puede entrarle las prisas para efectuar inspecciones, cuando sabían lo que pasaba en los centros y siempre se ha puesto de perfil a la hora de comprobar las necesidades de las trabajadoras y de los equipos.

Además, desde UGT siempre hemos demandado mejor financiación y más Inspecciones de Trabajo. Conocemos que Castilla y León tiene un número de efectivos muy escaso y quizás por ello no puedan atender todas las denuncias.

El sindicato considera que la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social no ha podido atender todas las denuncias por el escaso número de efectivos y reclamamos que las inspecciones se hagan con la representación de las trabajadoras para que sean efectivas y por supuesto exigimos que se suban las ratios para hacer el seguimiento de los centros residenciales“

Hay que Garantizar los Servicios Públicos es un deber colectivo. Hay que invertir para corregir los desequilibrios de la privatización durante décadas. Desde UGT queremos revertir esta desigualdad entre lo público y lo privado; con sus medidas, el gobierno autonómico de Castilla y León pretende que las mujeres cubramos el déficits del estado de bienestar.

Otro modelo residencial es necesario. Por desgracia serán las 3.300 personas fallecidas en la Comunidad y las más de 600 en la provincia de León quienes lo conseguirán.

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