Organizaciones feministas piden la dimisión del Gobierno de Castilla y León “por eliminar derechos de las mujeres”
El Movimiento de Organizaciones feministas de Castilla y León pide la dimisión del Gobierno autonómico por “eliminar derechos de las mujeres” y “pretender dirigirlas a un sufrimiento innecesario” solo por “el capricho” de unos gobernantes a los que calificaron de “misóginos” y de los que denunciaron que “han decidido poner en la diana perseguir los derechos de las mujeres” que, según recordaron, suponen más del 50% de la población.
Así lo apuntó la portavoz del Movimiento Feminista de León, Ana Vicente, durante una concentración convocada este sábado en la plaza de Botines de la ciudad, donde el movimiento lanzó una petición de apoyo a asociaciones, plataformas, entidades y colectivos a nivel nacional ante “los ataques a los derechos de las mujeres por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma” que cuenta ya con la adhesión de más de 170 entidades de toda España.
Para Vicente, la pregunta “del millón” es si las mujeres de Castilla y León pueden ejercer de manera efectiva su derecho a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, algo que deben llevar a cabo “sin ser sometidas a ningún tipo de presión o coacción”, al tratarse de “un eje constructivo básico”, ya que “la potestad para controlar la maternidad es la clave para poder disponer y planificar las vidas”.
En este sentido, recordó que los derechos sexuales y reproductivos “son Derechos Humanos”, según reconoce la Organización de las Naciones Unidas que, además, recomienda “eliminar todo obstáculo normativo o dilatorio”. Unos obstáculos que “son precisamente” los que existen en Castilla y León “en el día a día” para que las mujeres “tengan derecho a un aborto seguro y no estén sometidas a circunstancias que les obliguen a hacerlo en condiciones que incluso puedan poner en peligro sus vidas”.
“Mi cuerpo es mío y solo mío”, resaltó la portavoz del Movimiento Feminista como “un principio básico que los Derechos Humanos” que, según lamentó, “constantemente se ve cuestionado por ciertos sectores que responden a una ideología un tanto patriarcal”. Por ello, recordó que “las mujeres que deciden abortar lo harán esté o no limitado”, de manera que en estas circunstancias “se seguirá produciendo pero en peores condiciones”, de forma que “restringir el derecho al aborto es una manera intolerante y discriminatoria de entender las relaciones entre las personas, la sexualidad y la autonomía de las mujeres”.
Abortos en centros privados
De acuerdo con los datos aportados por Ana Vicente, el 97,7% de los abortos llevados a cabo en 2021 en Castilla y León fueron derivados a centros sanitarios privados, mientras que en todas las provincias, menos en Burgos y Valladolid, se deriva a las mujeres que han solicitado abortos a otros territorios para realizar la intervención.
De toda Castilla y León, indicó, tan solo Burgos dispone de cobertura pública, porque en Valladolid se deriva a clínicas privadas, aunque solo en los casos en los que se emplea el método farmacológico, ya que en los que se aplica el método quirúrgico se deriva también a la privada.
La portavoz del Movimiento Feminista de León también explicó que todas las mujeres de Castilla y León que quieren abortar son derivadas a Valladolid o a otra comunidad autónoma, como aseguró que es el caso de Soria, donde las mujeres son derivadas a una clínica concertada en Madrid. Así, “si una mujer residente en León quiere ejercer su derecho a abortar gratis en su provincia, no puede hacerlo, sino que tendrá que acudir a una clínica privada y pagar por el procedimiento”. A ello sumó que “Castilla y León es la única comunidad donde no está financiada la sedación para abortar”.
Todas estas “restricciones, obstáculos y coacciones para acceder al aborto” llevan “demasiado a menudo a optar por abortos inseguros”, dijo Vicente, quien puso de relieve que “solo las mujeres que tienen dinero y medios podrían acceder a abortos seguros, mientras que las de menores recursos tienen que someterse a una carrera de obstáculos”. “¿De verdad cree el Gobierno autonómico que se va a fijar población con este tipo de medidas”, se preguntó.
