La Junta lanza un plan para evitar problemas en el sistema sanitaria ante la jubilación masiva de médicos

Mejor prevenir que curar. Bajo esta premisa trabaja la Consejería de Sanidad con el objetivo de evitar las jubilaciones en cadena de médicos de familia que se sucederán en los seis próximos ejercicios en Castilla y León. En concreto, 1.221 facultativos de Atención Primaria cumplirán los 65 años de edad en este tiempo, entre 2017 y 2022, lo que supone el 42 por ciento de la plantilla actual, 2.913 efectivos. No obstante, para evitar entrar en 'shock' y reducir a la mitad estas cifras, Sanidad tiene ya abiertos varios frentes para anteponerse a “un riesgo” que está sobre la mesa y con los que prevé reducir a la mitad, hasta los 600, el número de efectivos que guardará el fonendoscopio en el cajón, y garantizar incorporaciones nuevas.

“Existe un pequeño riesgo de futuro en Atención Primaria, pero tenemos herramientas y las estamos utilizando para reducir muy mucho los riesgos de una demografía médica que va a entrar en edad de jubilación en un período corto de tiempo. La situación es controlable y en ello estamos”, sentenció en declaraciones a Ical el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien reconoció que la “cifra no es baladí” y que está obligando a un estudio de plantillas para avanzar con pies de plomo.

Entre las medidas figuran la autorización de todas las peticiones de prolongación del servicio a los que cumplan la edad de jubilación; reactivar el sistema de concurso de traslados y las oposiciones; se trabaja en cómo incentivar puestos menos atractivos y con difícil cobertura, y se ha modificado la normativa vigente para permitir a la contratación de profesionales extracomunitarios como personal estatutario temporal para poder cubrir las necesidades del sistema. No en vano, el 30 por ciento de los residentes de Medicina de Familia que cursan la especialidad en Castilla y León son de fuera de la Unión Europea, lo que hasta la fecha les impedía ser contratados.

A ello se suma que en 2017 la Consejería prevé autorizar la prolongación del servicio activo a todos los que lo soliciten y abrir la mano para que la mayoría continúe en el sistema hasta los 70. Esta instrucción ya ha llegado a todas las gerencias de área y ha provocado que, de los 115 licenciados especialistas en Medicina Familia y Comunitaria que cumplían la edad de jubilación en este año, ya haya 42 que cuenten con la autorización. Se estima que en diciembre la mitad reciba el visto bueno, hasta unos 75.

Con este paso, la Consejería ha querido “sujetar” así la salida de profesionales, una excepción en su plan de ordenación de recursos que se está convirtiendo en norma. De hecho, si en 2013, primer año completo en el que se aplicaron las jubilaciones forzosas, salieron del sistema 124 médicos de familia, en 2014 se limitaron a 57; a 76 en 2015; a 92 en 2016 y a 77, en 2017.

Fidelización

Otra de las estrategias pasa por el incremento de las plazas MIR de Medicina de Familia en los dos últimos años, hasta las 20, y la convocatoria anual del programa de fidelización de residentes, a través del cual Sacyl ha contratado de manera temporal a nueve profesionales en los tres años del programa, que ahora lleva por nombre 'Premios José María Segovia de Arana'.

A estas acciones se une la resolución del proceso selectivo convocado el pasado año para la provisión por personal fijo de 300 plazas de Medicina de Familia y Comunitaria, en virtud del cual se incorporarán a Sacyl 56 profesionales que actualmente no prestan servicios en la Gerencia Regional de Salud. Del mismo modo, la Dirección General de Profesionales ha convocado una nueva bolsa de empleo temporal, que prevé resolver de manera inminente, y a través del concurso de traslados unos 30 profesionales de otros servicios de salud se han incorporado a Sacyl.

En paralelo, Sáez Aguado recordó que la Consejería de la Presidencia y los sindicatos continúan trabajando para contar a final de año con una propuesta para definir y negociar las condiciones y características de puestos 'ultraperiféricos' de difícil cobertura, donde también trabaja Sanidad; al tiempo que existe el compromiso de agotar al máximo la tasa de reposición permitida por el Gobierno.