La Junta da el primer paso para dar legalidad al Parque Regional de Picos tras 23 años
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente prevé que el borrador inicial para el arranque de la tramitación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Picos de Europa esté elaborado el próximo mes de octubre, y se considera que esta tramitación tendrá una duración de aproximadamente un año. Este fue uno de los temas que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, abordó en la reunión mantenida recientemente con los alcaldes de la zona.
Durante el último trimestre del año pasado se mantuvieron varias reuniones para que los interesados pudieran aportar sus ideas sobre el parque del futuro, en las que se obtuvieron una gran diversidad de aportaciones en todos los ámbitos para su inclusión en el PRUG. En el caso de Castilla y León, la tipología de aportaciones más recurrentes fue la posibilidad de compatibilizar los usos tradicionales con la conservación, la necesidad de apostar por un desarrollo socioeconómico basado en actividades de uso público, turismo y ganadeería, o la necesidad de no impedir un desarrollo urbano equilibrado en los pueblos existentes en su interior.
También se puso de manifiesto la singularidad de los valles de Valdeón y Sajambre o la compensación de las limitaciones y el apoyo a la población residente. En otro orden de peticiones se encuentran la preservación del paisaje, recursos hídricos, fauna y flora sin prohibiciones apriorísticas innecesarias, aunque con claras prohibiciones de actividades impactantes como explotaciones mineras, la necesidad de seguimiento del estado de conservación de los sistemas naturales o la ordenación del uso público y las actividades deportivas con numerosas aportaciones sobre esto.
En este encuentro también se puso sobre la mesa la situación de la caza deportiva en el Parque Nacional de Picos de Europa, el único en el que se practica esta especialidad, ya que en el resto de enclaves naturales está prohibido. Suárez-Quiñones recordó que este plazo finaliza en 2020, por lo que la indemnización de los derechos le corresponde al Estado por ser una limitación derivada de una ley nacional, por lo que la Junta esstá apoyando a los ayuntamientos en su negociación para que la indemnización sea “lo más justa para sus propietarios”.
