La Junta ya no ve como solución un estado de alarma por comunidades una semana después de pedirlo

Rubén Cacho / ICAL . El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, Francisco Igea, presentan el balance del primer año de legislatura.

La Junta de Castilla y León estuvo semanas pidiendo una herramienta jurídica al Gobierno central para poder decretar confinamientos de la sociedad por zonas geográficas. Incluso el vicepresidente autonómico, Francisco Igea, llegó a ponerle nombre a tal herramienta y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que permitiese a las comunidades poder marcar y gestionar sus propios estados de alarma.

Este martes, Sánchez comparecía públicamente para dar su visto bueno a la petición y tan solo un par de horas más tarde los propios presidente y vicepresidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, manifestaban a través de sus cuentas de Twitter que no era la solución.

“La solución no es ofrecer el estado de alarma para sus territorios, figura que ya existe desde hace 40 años”, expresa el presidente de la Junta. Según Fernández Mañueco, “el Gobierno de Sánchez no puede echarse de nuevo a un lado”, en la gestión de la pandemia, a la vez que subraya que la Junta de Castilla y León ha demostrado que asume su responsabilidad y no “esquiva sus obligaciones”, por lo que “no renunciamos a ninguna herramienta para proteger la salud y la vida de nuestros vecinos”.

Mensaje al que el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, comentaba que “con la herramienta” del estado de alarma ofrecida por el presidente del Gobierno “con un palo o con nuestras manos desnudas, no abandonaremos nuestras responsabilidades ni a nuestra ciudadanía”.

“Estén seguros, tomaremos todas las decisiones que sean necesarias, como hemos hecho hasta el momento. Nosotros no abandonaremos el barco”, sentenció en alusión a la comparecencia del presidente del Gobierno.

Igea denunció en su mensaje en las redes sociales que Pedro Sánchez ofreció hoy a las autonomías “una herramienta que ya existía” y constató que la ley del estado de alarma “prevé esta declaración para problemas que no vayan más allá de la propia Comunidad Autónoma” y “no es el caso”.

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