Greenpeace pide a la Junta que no destine el dinero europeo para mantener el carbón y las térmicas

Central térmica de Compostilla en El Bierzo. Foto de Miguel Ángel Pérez González

ICAL

El colectivo Greenpeace exigió a la Junta de Castilla y León que gestione el millón de euros del Fondo de adaptación a la globalización para mineros del carbón que han perdido su empleo aprobado por el Parlamento Europeo, y lo destine a la formación para empleos alternativos a este mineral, como podría ser el caso de las renovables. Recuerdan que estas ayudas se beneficiarán 339 trabajadores de la minería de la Comunidad despedidos de cinco empresas, así como 125 jóvenes que carecen de empleo o formación.

Este fondo de un millón de euros exige que las ayudas tendrán que facilitar la búsqueda de empleos alineados con el Acuerdo de París, y con especial atención a las mujeres, para conseguir sociedades mejor estructuradas y con igualdad de oportunidades.

“Es una oportunidad más para la transición hacia una sociedad justa e inclusiva que apueste por la diversificación de nuevos sectores económicos sostenibles que tengan un impacto directo positivo en la vida de la Comunidad y que cuente con la participación de todos los implicados”, explicó la responsable de campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño.

“Tanto el Gobierno de Castilla y León como el de España, así como los representantes políticos de los diferentes grupos, deben aceptar y velar por una transición justa y exitosa para la creación de un futuro inclusivo más allá del carbón”, insistió Nuño, quien apostilló que la apuesta por las térmicas de carbón “frena el emprendimiento y es contrario a la acción climática, además de que los políticos saben que no es realista”.

Desde Greenpeace, que el año pasado publicó un informe sobre alternativas sostenibles para las cuencas mineras, se recordó a los organismos competentes que tienen la obligación de realizar un análisis socieconómico y de los potenciales empleos emergentes y sostenibles para la región, de modo que los fondos destinados para las formación y búsqueda de empleo sean específicos para el tipo de actividades económicas que puedan implementarse.

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