El Gobierno corregirá y compensará tras 20 años la fuga de agua de León a Asturias por la variante de Pajares
A seis meses de la apertura la tráfico comercial de la Variante de Pajares, prevista para noviembre, el Gobierno ha modificado la Declaración de Impacto Ambiental de la obra ferroviaria que une León y Asturias para reconocer que el agua sigue corriendo desde la vertiente leonesa a la asturiana por culpa de mala planificación de las obras, y que hay que corregir estas graves deficiencias que se denuncian desde hace años.
El Boletín Oficial del Estado de este lunes publica una “modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental del estudio informativo del proyecto ”Nuevo acceso ferroviario a Asturias. Variante de Pajares (León-Asturias)'“ redactada en el año 2002 y que se hizo sin los informes geológicos necesarios para evaluar el impacto sobre las masas subterráneas de agua de la Cordillera Cantábrica.
En la modificación el Gobierno reconoce, a instancias de un recurso interpuesto en 2017 por la Asociación Lacerta y de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores representadas por el abogado Carlos González-Antón, las deficiencias en la ejecución del proyecto. Los denunciantes reclamaban la modificación del impacto ambiental y la adopción de medidas correctoras ya que se las obras provocaronun trasvase “hacia la cuenca hidrográfica del Cantábrico (subcuenca el río Huerna), cifrado en 319 l/s, lo que equivale a unos 10 Hm3 /año de volumen transferido entre cuencas, manifestando que dicho caudal persiste en la actualidad a pesar de la impermeabilización del túnel y de las medidas de reparación adoptadas por ADIF”.
En los informes aportados en el proceso “tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León coinciden en que existen pruebas suficientes de la ineficacia e insuficiencia de las medidas hasta ahora adoptadas por ADIF, siendo necesario el estudio, diseño y ejecución de medidas adicionales de reparación de los daños causados y compensación de los impactos residuales.” La Junta de Castilla y León cree que el trasvase es irreversible pero pide la adopción de medidas correctoras.
En la nueva declaración “Se confirma la existencia de impactos adversos significativos sobre el agua, la biodiversidad y los usos de la población de naturaleza distinta y de magnitud superior a la prevista en la Declaración de Impacto Ambiental original, existiendo una relación entre estos efectos y la modificación del régimen hidrológico causada por el drenaje de los sistemas acuíferos”. Además de señalar que las medidas correctoras adoptadas por ADIF en estos años “han resultado insuficientes e ineficaces para reducir, corregir y compensar los impactos sobre las aguas subterráneas a que se refiere esta resolución”. Además considera que “Existe un riesgo apreciable de que dichos efectos se agraven, a corto plazo en situaciones de sequía, y a medio y largo plazo cuando sobre dichos efectos se combine la reducción generalizada del recurso derivada del cambio climático”.
La resolución implica “ampliar las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental para incorporar el tratamiento de los impactos derivados de las alteraciones de las aguas subterráneas provocadas por el proyecto, incorporando medidas adicionales específicas para determinar con mayor precisión los impactos causados, para su corrección y para la compensación de los impactos residuales que no se hayan podido corregir.”
Medidas a adoptar
Entre las medidas nuevas estará realizar un informe de “Determinación y tratamiento de los impactos provocados por la construcción de los túneles sobre el nivel y dinámica de las aguas subterráneas, y de los impactos a su vez desencadenados sobre el caudal de los manantiales y aguas superficiales conectadas, sobre la biodiversidad y espacios protegidos y sobre la población y bienes materiales.”
Este informe incluirá “un estudio hidrogeológico que identifique, caracterice y cuantifique los efectos realmente provocados sobre los acuíferos y masas de agua subterránea”, “las repercusiones sobre la Zona Especial de Conservación ZEC ES4130050 ”Montaña Central de León“ incluida en la Red Natura 2000” y “un estudio de detalle de los abastecimientos de agua para consumo humano, extracciones de agua para riego de cultivos o prados.”
Además se tendrá que realizar la “corrección del impacto del proyecto sobre las aguas subterráneas, y las aguas superficiales conectadas. A la mayor brevedad y en la medida que resulte técnicamente posible se completará el sellado de las fracturas y fugas de los túneles”. En paralelo a lo anterior, “se elaborará un proyecto de restauración y corrección integral de los efectos causados sobre los manantiales y las masas de agua superficial”, que deberá incluir una compensación al amparo de la ley.
La corrección debe incluir la “Recuperación y adecuación de las captaciones de agua para abastecimiento de la población, fuentes públicas, abrevaderos del ganado, y captaciones de agua para regadío u otros usos que se hayan visto afectadas, tanto en lo relativo al caudal como a la calidad del agua necesarios”. En los casos en que tanto la recuperación de los suministros originales como la dotación de fuentes alternativas de suministro resulten imposibles, se adoptarán las medidas compensatorias precisas.
En las zonas donde el descenso del nivel de los acuíferos esté suponiendo en superficie la pérdida de caudal o la desaparición de manantiales “se adoptarán medidas específicas para recuperación del hábitat para la fauna en general y para las especies protegidas directamente dependientes del agua en particular”, con “al menos una red de bebederos para la fauna silvestre y de charcas para anfibios.”
El Gobierno debe constituir ahora una comisión de seguimiento de las medidas a adoptar con las entidades afectadas que haga un seguimiento de la situación y evalúe la eficacia de las medidas adoptadas.
Valoración de los denunciates
La valoración que se hace desde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores “es muy positiva, y es un paso más, pero irreversible hacia la ejecución de un proyecto de restauración integral de toda la zona afectada y la devolución del caudal que pertenece a la cuenca del Duero”, explican en un comunicado.
Entienden que la resolución del Ministerio “es el reconocimiento al trabajo desarrollado desde hace más de 15 años por la Asociación Lacerta, en el inicio, y por la Federación Leonesa de ELM, a partir de 2013, asesorada desde siempre por EcoUrban Consultores y últimamente también por otros equipos y profesional como Betula Ingeniería”.
Valoran que “esta resolución es impecable desde un punto de vista técnico y jurídico, por lo que se quiere agradecer el trabajo desarrollado por los técnicos responsables de evaluación de impacto ambiental del Ministerio” y que se obliga a Adif a ejecutar las obras y a su mantenimiento mientras duren el funcionamiento de la variante de Pajares.
Desde la entidad señalan que “ahora todas las administraciones tienen el deber de ponerse de acuerdo para lograr que en la provincia de León no se sigan produciendo los perjuicios, que serán reclamados en su momento también por la Federación”, y reclaman el bombeo del caudal que se va a Asturias o parte del mismo. Por ello, explican, “la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores se está trabajando ya para reclamar todos los perjuicios económicos que se han producido hasta la fecha tanto a las entidades locales menores como a los vecinos de las mismas”.
