Los exsocios de Orozco Building niegan el engaño, pero no acreditan qué pasó con los 11 millones

Los dos promotores del proyecto inmobiliario de Orozco Building se han sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de León acusados de un presunto delito continuado de estafa por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de seis años de cárcel.

El juicio ha arrancado con la toma de declaración de los dos procesados, que se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan y que, además, han negado que haya existido ningún engaño. “No ha existido ningún engaño, ni el dinero ha ido a parar a los bolsos de ninguno de los dos, ni a ningún otro sitio que no fuera esa promoción de viviendas”, ha aseverado uno de ellos a preguntas de su propio abogado defensor.

Los encausados han negado haberse llevado ningún dinero, aparte de su sueldo como promotores de dicha sociedad. Además, han insistido en que no hubo “mala intención”, pero sí han reconocido una “mala gestión” que llevó a que sobre los inmuebles que habían vendido, casi la totalidad de las 90 viviendas de dicha promoción, pesaran dos órdenes de embargo de dos entidades bancarias.

Tampoco han acreditado, a preguntas tanto de los abogados de la acusación como de la propia Fiscalía, qué ocurrió con los 11 millones de euros, a los que asciende la presunta estafa, 9,5 millones de un préstamo hipotecario que nunca devolvieron y las cantidades entregadas a cuenta por los comprados, 1,2 millones de euros, que tampoco fueron devueltas, pese a que no recibieron los pisos que habían adquirido.

Los procesados han insistido en qué el dinero, tanto de los préstamos hipotecarios como de los compradores fue destinado a la compra de solar y a la construcción de los inmuebles, que finalmente se terminaron, pero según el Ministerio Público esto no se ha acreditado.

Además, han asegurado que los compradores conocían que existía un embargo por parte de Caja Mar y que si no comunicaron la existencia de un segundo embargo, en este caso efectuado por España Duero, fue porque ellos mismos lo desconocían y no les fue notificado si no que se enteraron por un cliente.

Los hechos

Según las calificaciones provisionales de la Fiscalía a las que ha tenido acceso este periódico, los dos acusados, responsables de la compañía, adoptaron el 29 de octubre de 2014 la ampliación de capital social. Así, en el transcurso de actividad de la empresa proyectaron la construcción y venta de un edificio de 90 viviendas, locales y garajes en la calle Peregrinos de Trobajo del Camino en un local que había adquirido la promotora.

Para financiar el local y la construcción de los inmueble, Orozco Building, por medio de sus administradores, los dos acusados, obtuvieron de la actual Caja Mar un préstamo hipotecario por valor de 9,5 millones de euros que percibieron íntegramente y que a fecha de 29 de agosto de 2016 no había sido devuelto por lo que se embargaron los inmuebles.

Según el mismo auto, las operaciones de venta de pisos se efectuaron de forma directa como a través de inmobiliarias y se formalizaron los contratos de compraventa o de arras con las personas al respecto de los inmuebles.

El importe abonado por éstas personas no fue utilizado para la promoción de Trobajo del Camino sino que fue destinado por los dos acusados para llevar a cabo otra construcción que tenían proyectada en Benalmádena, según el escrito del Ministerio Público. No obstante, este extremo ha sido negado por los dos acusados durante el juicio.

Previamente, ambos habían solicitado un segundo préstamo en este caso de 7,6 millones a Caja España poniendo como garantía las fincas de Benalmádena. La situación derivó con un segundo embargo, en este caso de Caja España, del inmueble de León.

El Ministerio Público, por su parte, cifra el dinero entregado en concepto de arras o adelanto por parte de los compradores a 322.000 euros. Por eso considera que los dos procesados son autores de un delito continuado de apropiación indebida por lo que reclama una pena de seis años de cárcel a cada uno de ellos así como la devolución de las cantidades recibidas.

No obstante, la acusación particular cifra el dinero entregado a los comprados en 1,2 millones de euros, mientras que el del préstamo está cifrado en 9,5 millones de euros por lo que la presunta estafa asciende a casi 11 millones de euros.

El juicio, que ha comenzado este lunes, se prolongará también durante la jornada de mañana, martes.