700 empleos menos en León por los recortes de la Junta, según UGT
La FSP-UGT ha anunciado esta mañana “las nefastas” consecuencias que se derivarán de las decisiones de la Junta de Castilla y León tras el anuncio de los recortes a los empleados públicos, considerándolos “muy graves” para la comunidad. Según la secretaria general de FSP-UGT, Carmen Amez, se trata de una “recesión que contribuirá al aumento del desempleo, y disminución del mercado de trabajo para muchos jóvenes que tendrán que emigrar” y, además, “contribuirá al aumento de la despoblación que se eleva año tras año en la provincia”.
Los cálculos del sindicato de trabajadores han situado en 700 el número de trabajadores que se verán afectados directamente perdiendo su empleo en León. “Una media de 550 personas se irán a la calle por provincia”, lo que supone alrededor de 5.000 puestos de trabajo en Castilla y León.
Amez ha expresado que estas medidas van en contra de la creación de empleo y de la salida de la crisis. “El principal objetivo es sanear las cuentas del despilfarro de estos años pasados, se trata de un engaño para los ciudadanos”.
Se perderán alrededor de 5.000 puestos de trabajo en Castilla y León
UGT se ha posicionado en contra de “esta decisión unilateral de la Junta, ya que se nos ha repetido que la situación económica de esta comunidad, de hecho ha sido expuesta como ejemplo en la campaña electoral, y no entendemos que el presidente de la comunidad autónoma en su programa electoral comprometió el blindaje de los servicios públicos básicos. Blindar es proteger no atentar contra los servicios públicos”.
“Los empleados públicos no están al capricho de quien gane las elecciones, son necesarios e imprescindibles, y tienen que quedar al margen de las decisiones de los mercados”.
Congelación salarial y aumento de la jornada a 37,5 horas
La secretaria general de FSP-UGT ha criticado la nueva congelación salarial a la que “ahora se somete a los empleados públicos, y que supone la consolidación de una pérdidas de poder adquisitivo del 12% (IPC 2010 + IPC 2011 + 5% reducción salarial)”. Para la la sindicalista esta situación “resulta sangrante por un lado para los propios empleados públicos y, por otro, para el consumo general, puesto que serán unas 90.000 familias las que tendrán menos poder de compra”.
“Volvemos a se los empleados públicos la 'cabeza de turco' en esta crisis económica provocada por otros”. Amez ha lanzado la pregunta: “Qué pasaría mañana si los empleados públicos consumieran lo mínimo en esta Comunidad?”. Según el sindicato, que ha exigido conocer las cuentas con transparencia, estas son las “políticas fáciles, gobiernar con la liquidez rápida que se carga las tintas con los trabajadores de la comunidad”.
En cuanto al aumento de la jornada semanal a 37, 5 horas, la secretaria ha explicado que “supondrá una reducción de muchos empleos anuales en el ámbito de la Junta de Castilla y León”. “La jornada de los empleados públicos de la Comunidad ha sido consecuencia de la pérdida retributiva de empleados públicos de Comunidad con respecto de otras comunidades y administraciones. Esto significa que la mayoría de los empleos eventuales se suprimirán”.
La congelación de la Oferta de Empleo Público “esconde la intención de privatizar Servicios Públicos y supone la frustración de muchos opositores”, ha expresado el sindicato que se pregunta además: “¿Dónde va a estar la creación de empleo?”. “Se congela la tasa de reposición, lo que significa que no saldrán a oposición nuevas plazas y las bajas, traslados y jubilaciones no serán cubiertas”.
Por último, en cuanto a la intensificación del control del absentismo laboral, para UGT, es como afirmar que, a pesar de los profesionales que existen para control del mismo y las mutuas, “no se han realizado las funciones adecuadas”. “Lo que realmente nos preocupa es la reducción de retribuciones que conlleva una baja por enfermedad grave que va a percibir el 75% de su salario”.
UGT ha expresado que informará a todos los empleado públicos y seguirá las riendas de las decisiones que ellos mismos adopten para no perder “los derechos básicos que tanto tiempo les ha costado conseguir”.
