Una de cada diez personas que vive bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León se beneficia de rentas mínimas de inserción
Tan solo el 9,9 por ciento de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en Castilla y León se beneficia de rentas mínimas de inserción, según denunció la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que establece la media nacional en un porcentaje aún inferior al de la Comunidad, concretamente del 7,6 por ciento. En País Vasco y Navarra estas cifras alcanzan el 71,2 y 66,7 por ciento, respectivamente, de personas bajo el umbral de la pobreza que obtienen algún tipo de renta mínima.
Por ello, la entidad urgió una ley estatal de garantía de rentas “para superar las extremas diferencias que existen en cobertura y cuantía en los diferentes territorios”, según se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2018, que ha hecho público el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un porcentaje que desde 2015 se está reduciendo, habiendo alcanzado ese año su nivel más alto, con un 8,7 por ciento.
Así, en Castilla y León se contabilizan 337.283 personas en riesgo de pobreza, el 14 por ciento de la población total de la Comunidad, que se eleva hasta los 2.4 millones de habitantes. De la primera cifra, según las mismas fuentes, únicamente 33.497 cuentan con rentas mínimas.
Este porcentaje encubre diferencias “extremas”. Por un lado, dos comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso casi tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le sigue Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo cinco comunidades garantizan porcentajes superiores al 10 por ciento (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, Madrid y Cataluña). Las RMI de las nueve restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura (Castilla y León la roza, con el 9,9 por ciento), y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, sus porcentajes están por debajo del dos por ciento.
La cuantía media por perceptor de este tipo de rentas en el conjunto de España supone el 13,7 por ciento de la renta media por hogar en el país, con 4.510 de 32.929 euros. En el caso de la Comunidad Autónoma, se eleva en dos puntos, al 15,5 por ciento, con 4.945 euros de una renta media por hogar de 31.960. “Una cuantía extremadamente baja que, en los últimos ocho años apenas ha sufrido variación”, señalaron en el comunicado.
Extremadura destaca con un 32,5 por ciento, es decir, las cuantías que reciben, como media, los perceptores de las RMI en ese territorio, suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con diez puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media suponen más de una quinta parte de su media de renta por hogar.
Solo otras cinco superan el 15 por ciento. Por el contrario, cuatro más tienen porcentajes inferiores al diez por ciento, entre las que destaca Baleares, con un 5,7 por ciento. “Es decir, cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia”, denunció la Asociación.
Garantizar un mínimo vital
En este sentido, exigieron “garantizar un mínimo vital” para las personas que carecen de recursos propios, algo que debería ser “cuestión de Estado” en todo el sentido de la expresión y una “prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas”.
“Las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia obliga a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos”, demandaron. En este sentido, la asociación recordó que casi todos los partidos políticos “llevaban en sus programas este compromiso, si bien con notables diferencias”.
Al respecto, entendieron la “dificultad de lograr un acuerdo, pero al menos esta constatación debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto”. “Pero no ha sido así. Apelamos, por ello, a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto por una garantía de ingresos mínimos a todos los ciudadanos”, concluyeron.
