Desarticulada una red de falsos instaladores de gas que actuaba en León

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado la “principal” trama criminal dedicada a la estafa de los revisores del gas en una operación llevada a cabo en Castilla y León y otras siete comunidades. En total, fueron detenidos los 12 creadores de un entramado de 60 empresas que engañaron a cerca de 2.000 personas en toda España, principalmente a ancianos, ciudadanos extranjeros y discapacitados, según informaron hoy fuentes policiales en un comunicado.

Al parecer, acudían a domicilios de personas especialmente vulnerables y las amenazaban con cortar el suministro o importantes multas si se negaban a una revisión que calificaban como obligatoria. Así llegaron a obtener hasta 900 euros de una sola víctima y asediaron a ancianos a los que estafaron varias veces en días consecutivos o acompañaron al cajero automático para que retiraran la mayor cantidad de efectivo posible.

Según la Policía, los detenidos gozaban de un alto nivel de vida y numerosas propiedades en España, mientras la “macro red” de mercantiles acumula también una deuda de cerca de cuatro millones de euros con la Seguridad Social. Las investigaciones han permitido el embargo de un total de 227 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades, así como la incautación de diez vehículos de alta gama.

Las pesquisas, que se prolongaron durante casi dos años, se centraron en un entramado de empresas con idéntico objeto social relacionado con las revisiones y el mantenimiento de instalaciones receptoras de gas envasado o de GLP (Gas Licuado procedente del Petróleo), las populares “bombonas de butano”.

La red empresarial estaba asesorada y fue creada a partir de una asociación sin ánimo de lucro, en la que cinco de los 12 detenidos figuraban como integrantes del consejo de administración. Los arrestados obtenían elevados ingresos económicos que les permitían llevar un alto nivel de vida con vehículos de gama alta, viviendas de lujo así como numerosas propiedades en España.

Máximo beneficio posible

Estas empresas contrataban a operarios, en ocasiones con antecedentes penales, para que acudieran a domicilios de personas generalmente de edad avanzada a las que mediante engaños les hacían creer que se trataba de revisiones obligatorias. En ocasiones llamaban previamente por teléfono a los ciudadanos haciéndose pasar por inspectores de Industria, para acto seguido presentarse en sus domicilios para realizar dichas revisiones.

Una vez en el interior de las viviendas, los operarios simulaban servicios de mantenimiento y realizaban supuestas revisiones y trabajos innecesarios por los que cobraban unas cantidades abusivas que oscilaban entre los 50 y los 390 euros. También aprovechaban que les hubieran franqueado el paso al domicilio para hurtar al descuido objetos de valor.

Además del perjuicio económico causado, los operarios, carentes de la habilitación de instalador emitida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, generaban también situaciones de riesgo en las viviendas a las que acudían debido a la burda manipulación de las instalaciones. Para intentar justificar el precio de la supuesta revisión, llegaban incluso a cortar las gomas canalizadoras del gas, con el riesgo de explosión que ello conlleva.

Operativo

El operativo ha culminado con la detención de 12 personas en Fuenlabrada (una), Navalcarnero (dos), Fresno del Torote (una), Barcelona (una), Yeles (una), Málaga (dos), Fuengirola (dos), Granada (dos) y Elche (dos), como presuntos responsables de delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la Seguridad Social. También se efectuaron 15 entradas y registros en domicilios y en sedes de empresas de diversas localidades de la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Humanes), Yeles (Toledo), Málaga, Granada, Almería, Santiago de Compostela, Castellón, Elche y León.

Además, se incautaron 14 ordenadores, 12 discos duros, cinco portátiles, 14 teléfonos móviles, seis pendrives, una tablet, 1.000 euros en efectivo, y diez vehículos. El fraude total estimado de la estafa resulta imposible de cuantificar debido a que el objetivo de la estafa eran personas de avanzada edad, discapacitadas y en ocasiones menores de edad, quienes no acudían posteriormente a presentar denuncia. La investigación ha sido desarrollada por agentes de la UDEF Central, junto a grupos de Policía Judicial de once provincias y con la colaboración de Inspectores de Trabajo, de Consumo y de Industria.

Consejos básicos

La Policía Nacional recordó que la revisión de gas es obligatoria cada cinco años para el caso de butano propano. Además, indicó que nadie puede imponer una revisión antes de ese plazo salvo que se realicen modificaciones en las instalaciones y que normalmente la compañía con la que se tiene contrato llama al usuario al aproximarse la fecha de revisión, ya que cuenta con sus datos. También recomendó solicitar a los operarios que acudan a su domicilio la identificación de instalador autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

En caso de que un ciudadano crea que puede ser estafado, la Policía señala que se debe llamar al 091. En caso de duda, también puede ponerse en contacto con la empresa que realizó la primera instalación de gas en su vivienda. Para ello, no se debe utilizar los números de teléfono aportados por los propios operarios.