'La cuestión leonesa'
Existe la CUESTIÓN LEONESA. Negarla es negar la existencia del pueblo leonés; negarla es negar la existencia de la Región Leonesa; negarla es relegar al absoluto desprecio a aquellas personas y colectivos que la han venido defendiendo desde que surgió. Por más que algunos quieran reducirla al ámbito del fundamentalismo territorial y otros recluirla en el de la metáfora, como la desafortunada analogía del “espejo retrovisor”, hay CUESTIÓN LEONESA. Negarla, en fin, es soslayar el reconocimiento que del pueblo leonés vienen haciendo la Antropología, la Historia y la Cultura como uno de los pueblos históricos constitutivos de lo que hoy es España, algo que solo se han atrevido a hacer algunos políticos “ilustrados” de la Transición y quienes todavía los secundan hoy.
Cierto que, afortunadamente, no ha alcanzado la dimensión ni la carta de naturaleza del Asunto Catalán o de la Agenda Vasca, pero está aquí. Y no se irá hasta que no obtenga la debida solución. Nadie nos relegará a simples miembros secundarios de una Administración.
Comenzó con el atolondrado proceso preautonómico español que culminó en uno de los mayores fraudes democráticos que conoció la Transición: el cometido contra el pueblo leonés (y contra el castellano), al que se le privó del derecho constitucional a la Autonomía, en tanto que titular de la Región Leonesa, de milenaria existencia, solo ignorada por aquellos dirigentes políticos que al amparo de egoístas razones optaron por arrojarlo a la cuneta de la Política y aun pretenden orillarlo de la Historia. La puntilla la pondría el nunca lo bastante denostado argumento “ucedista” de la unión forzosa de León con Castilla, “por razones de Estado”, que ya entonces solo resultaba creíble a los crédulos por obligación, y que, hoy, a la luz de los acontecimientos territoriales, solo mueve a la total irrisión; a tal punto, que el titular de semejante propuesta, en un gesto de irreflexiva contrición, se ha visto impelido a concluir “a lo mejor nos hemos equivocado”, tan insuficiente como inaceptable. Mas, él, para sí mismo, no se equivocó, ya que, por la entrega al presidente Suárez del pueblo leonés, consiguió, a cambio, el ansiado sillón, alejando de sí el temido trasportín (él sabe de qué estoy hablando y el lector lo sabrá cuando llegue a los últimos capítulos de la CUESTIÓN).
De similar catadura intelectual y moral fueron las actuaciones de los dirigentes nacionales socialistas de entonces, conminando a alcaldes y a diputados provinciales para que sus vecinos dejaran de ser simplemente leoneses en aras de la nueva y artificiosa identidad castellano-leonesa. Alguno que, dignamente, quiso que su pueblo conservara la milenaria identidad, vio cómo el asunto no iba de broma, siendo desprovisto del cargo y expulsado del partido. Hasta un presidente de Gobierno llegó a conminar al que lo era de una Diputación para que su pueblo dejara de ser lo que era y se convirtiera en castellano-leonés. ¿Alguien duda de que hubo fraude democrático en aquella gloriosa Transición? Entrevistas a protagonistas políticos de entonces y de un enorme valor testimonial, ponen de manifiesto que ese calificativo es benévolo en demasía. Y, si bien no han sido todavía publicadas, tendremos ocasión en la CUESTIÓN LEONESA de conocer algunas de sus más jugosas declaraciones.
Todo el esfuerzo posterior de estos grupos se volcó en construir el artefacto jurídico-político-administrativo denominado Junta de Castilla y León (JCyL), conocido como Gobierno castellano-leonés, cuya misión última ha sido y es la de rescribir la Historia -al estilo de los nacionalismos más rancios-, introduciendo en ella al “histórico” pueblo castellano-leonés sobre la base de la negación de los pueblos leonés y castellano. Hemos de reconocer que ese poderoso instrumento político-administrativo, acompañado por el legislativo de las Cortes, ha estado cerca de alcanzar su meta.
No han resultado de menor apoyo esos juristas que para apuntalar la nueva realidad castellano-leonesa han venido contraponiendo la legitimidad democrática a la legitimidad histórica. Deberían revisar los Estatutos de Autonomía de la gran mayoría de Comunidades Autónomas -sobre todo, los de segunda generación-, especialmente, los del País Vasco, Cataluña, Navarra, Valencia o Aragón, nacionalidades o naciones cuyo autogobierno ha podido construirse sobre la base de la mejor cimentación histórica de sus pueblos y, reconozcámoslo, de una buena negociación política. Léanlos y compárenlos con el tratamiento que ha recibido el que afecta al pueblo leonés, relegado al Preámbulo del Estatuto y convertido en “ciudadanos de Castilla y León” en el articulado. Léanlos y dígannos luego si no ha habido también prevaricación ideológica en ese fraude estatutario. Si no lo han hecho, lo haremos juntos a lo largo de la CUESTIÓN.
Siendo lo dicho de grave alcance, lo verdaderamente relevante es lo que acontece hoy: la necesidad inaplazable de abordar la política territorial del Estado español, la cual, inexorablemente, abocará a una nueva Constitución -que es lo pertinente, dadas las deficiencias e insuficiencias de la actual, singularmente, en su Título VIII, calificado por juristas de prestigio como “desastre sin paliativos”- o, en su defecto, a una reforma en profundidad de la aún vigente. A una u otra no puede ser ajena la CUESTIÓN LEONESA. No, esta vez. Los trigueros vallisoletanos del siglo XIX y su medio de comunicación -todavía en los quioscos sirviendo a idéntico fin- no pueden volver a ganar en el siglo XXI; tampoco, las actitudes y los intereses políticos que triunfaron en la Transición.
Hoy, el planteamiento de la CUESTIÓN debe ir mucho más allá de las fronteras establecidas durante las últimas décadas. Nunca seremos lo bastante generosos con quienes han contribuido durante todo ese tiempo a mantener vivo el rescoldo: asociaciones culturales, escritores, artistas, periodistas, comunicadores en general, profesionales de todo orden y cualificación, que han defendido con su trabajo y su obra todo lo leonés. Pero ¡hay que avivar el rescoldo! ¡Es preciso un enérgico soplo que encienda la llama del fuego leonés! O, dicho de otra manera, ¡hay que crear un auténtico poder leonés!
Pero ¿cómo? ¿Con qué fuerzas contamos?, ¿quién defiende, verdaderamente, al pueblo leonés? Sabemos quién no lo hace. No lo hace la JCyL, que con un comportamiento propio de un régimen señorial persigue realmente su negación: debilitamiento de la riqueza energética leonesa; enmascaramiento hasta la ocultación de los productos puramente leoneses; incumplimiento estatutario de la defensa del patrimonio cultural y lingüístico leonés; entrega al abandono del capital territorial y patrimonio medio-ambiental leonés; falta de impulso político en materia de innovación y emprendimiento, tanto económico como social, singularmente, en el territorio leonés; extrañamiento del territorio leonés de los proyectos paneuropeos (solo a regañadientes retomados por vergonzante obligación); intento de sobre-castellanización de algunos territorios leoneses; instrucciones institucionales de manipulación del lenguaje para sortear lo que es propiamente leonés, y un largo etc. que la literatura al uso viene dando a conocer y que, cuando haya un auténtico poder leonés, se conocerá todavía mejor.
¿Y los partidos políticos con implantación en la Región Leonesa?, ¿apoyan, realmente, al pueblo leonés? Honradamente, debo decir que, en charlas de café, todos coinciden en que al pueblo leonés le iría mucho mejor fuera de lo que Anselmo Carretero denominara “embrollo autonómico del conglomerado castellano-leonés”. Pero ¿dicen lo mismo en sus congresos y agrupaciones? Y, sin embargo, esta es la prueba del algodón: lo que los socialistas han dicho en su último congreso autonómico y lo que los leonesistas de la UPL han resuelto en el suyo de hace casi un año -escenificado en el a todas luces insuficiente “cambio de brazalete”- son de una elocuencia abrumadora. PP y C´s no cambiarán de posición mientras gobiernen la Junta. Podemos, en la Región Leonesa, ha decidido, abiertamente, ir a rebufo de los demás en esta CUESTIÓN.
Ciertamente, ¿qué puede esperar el pueblo leonés del PSOE? Para empezar, que no lo siga engañando. Algo difícil, pues con el partido sumergido en una confusión ideológica sin precedentes en su larga trayectoria, a quién escuchar: ¿a Pedro Sánchez, que intermitentemente rescata a Anselmo Carretero a través de su conocida afirmación de “España es una nación de naciones”?, ¿acaso a los otros socialistas de su partido cuya brillante propuesta federal para España consiste en convertir las 17 Comunidades y Ciudades Autónomas en 17 Estados federados? ¿Podemos, los leoneses, esperar del PSOE una respuesta válida a la CUESTIÓN LEONESA? Dicho de otra manera: si España es una nación de naciones, en el futuro Estado Federal Español que viene propugnando el PSOE desde Granada, ¿cuál es la nación del pueblo leonés?, ¿es la nación leonesa, la nación castellano-leonesa o será la de los castellanos y leoneses del Estatuto actual? Porque doy por descontado que, para Pedro Sánchez, entre las naciones de la nación española, además de la madrileña, riojana o murciana, estará la leonesa. Todavía mayor concreción: ¿Habrá un estado federado leonés en el modelo territorial del “refundado” PSOE? Me temo que, en el mejor de los casos, se dará una de esas “soluciones en diferido” -como la de la República o el Concordato-, a las que tan acostumbrados nos tiene el partido socialdemócrata español. De todos modos, quiero pensar que, al menos, estén convencidos de que el pueblo leonés existe, aunque no tengan para él la solución de autogobierno que le debe la Constitución.
En cuanto a los partidos leonesistas, me consta que son conscientes de que existe no solo el pueblo leonés, sino que también hay una CUESTIÓN LEONESA. Tengo menos claro que siempre hayan sabido quiénes lo conforman y cuál es la auténtica naturaleza de la CUESTIÓN. Cometieron, en los momentos iniciales, un pecado original en el que no cayeron otros partidos análogos, el de justificar su propia existencia. ¿Se imaginan al PNV justificando la existencia del pueblo vasco y, por ende, su razón de ser como partido? Pues tenían mayores motivos para hacerlo que los leoneses, siendo que el País Vasco nunca existió hasta que el Estatuto de Gernika lo declaró -ríanse algunos- por razones históricas que ningún vizcaíno, guipuzcoano o alavés quiso poner en cuestión. Entretanto, los partidos leonesistas debatían si “León solo”, si “con Asturias”, si “con Santander”, si “con Galicia”, si “León, Zamora y Salamanca” o si “con Castilla de ninguna manera” -la opción que triunfó-, todos ellos ignorantes de que la Historia no se vota. Ni se elige. Ni se ignora. Se asume con orgullo y ningún pueblo español tiene mayores ni mejores motivos para hacerlo que el leonés. Ignorantes, en suma, de que en materia de legitimidad histórica León es el criterio y el resto la comparación. Lo sabía todo el mundo, por eso se aplicó solo a León aquello de la “legitimidad democrática frente a la histórica”, aunque ese mismo mundo supiera también que descansaba en un tremendo fraude democrático. Esperemos que hayan pasado ese sarampión y no caigan en las redes que les ha tendido la Junta, aunque ya he oído a más de uno decir que “la copulativa ya no hay quien la quite”. A estos señores solo cabe decirles que la “cópula”, entre Castilla y León, no ha sido más que un perenne coitus interruptus, y que no hay otro camino de futuro para los leoneses que no pase por despucelar al león. Tengo para mí que muchos castellanos piensan lo mismo.
En tanto que planteamiento, dejémoslo hoy así, pues ocasión habrá en posteriores capítulos para ahondar en qué ocurrió, en cómo y de la mano de quién hemos llegado hasta aquí. Solo así, para no repetir ni incurrir en nuevos o similares errores, podremos acceder a la mejor solución a esta inaplazable y exigente CUESTIÓN.
En este y en los capítulos sucesivos todas las “negritas”, incluidas las citas, son mías.
*José Luis Prieto Arroyo es profesor universitario y ha sido vicerrector y director de los campus Noroeste de la UNED. Actualmente es impulsor del partido Nueva Democracia - Nuevademocracia.sxxi@gmail.com
