El centro de migrantes del Hotel del Pozo de Villaquilambre cerrará sus puertas el próximo mes de abril
El Chalet del Pozo, ubicado entre las localidades de Villarrodrigo y Villaobispo, cerrará sus puertas en abril como centro de ayuda humanitaria temporal y sus usuarios, alrededor de 150 migrantes subsaharianos, serán trasladados a otros centros del país.
El cierre se debe a que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decretado el fin de la fase de emergencia de este centro de ayuda humanitaria, que nació con carácter temporal el pasado junio para acoger migrantes mayores de edad procedentes de Mali y Senegal que solicitaban asilo internacional.
Durante los meses que ha permanecido abierto como centro de ayuda, los migrantes han ido dándose el relevo una vez que cumplían el tiempo máximo de estancia al lograr que se aprobara su solicitud de asilo.
Los usuarios de este centro de ayuda humanitaria llegaban procedentes de Canarias con la documentación en regla y con esa solicitud de protección internacional, dentro de un programa que coordinaba la orden hospitalaria de San Juan de Dios.
La treintena de trabajadores sociales más los quince empleados de logística ya han recibido la comunicación oficial del cierre del centro por parte de esa orden hospitalaria.
Apertura con polémica
El centro abrió en junio en un antiguo lugar de celebraciones y eventos llamado Chalet del Pozo, con capacidad para 180 usuarios, en medio de una gran polémica vecinal. Hubo un momento en el que miles de personas se unieron a chats de Telegram y WhatsApp en los que se vertieron graves mensajes de odio, de racismo, de violencia y bulos.
Los vecinos se concentraron en numerosas ocasiones para pedir al Ayuntamiento de Villaquilambre que no permitiese su apertura. También el grupo municipal de Vox en ese ayuntamiento llegó a colocar carteles con mensajes xenófobos que pedían extremar la precaución en la zona.
Pese a la oposición vecinal, el único incidente que se ha vivido en estos meses fue una detención en febrero a un ciudadano senagalés de 31 años, patrón de un cayuco que llegó a la isla canaria de El Hierro en enero, por un delito de inmigración ilegal y omisión del deber de socorro y que se alojaba en ese chalet.
Meses después de su apertura, la solidaridad se impuso al brote racista y xenófobo con clases de historia o español impartidas por voluntarios y donación de ropa y bicicletas.
