Castilla y León acata la sentencia del TSJ y hará público qué pasó en las residencias privadas durante la pandemia de COVID
La Junta de Castilla y León acata la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y publicará en su página oficial de datos abiertos qué pasó en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia de coronavirus COVID-19, que venía negando a diferentes medios como ILEÓN, elDiario.es o infoLibre.
Tal y como ha adelantado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la Junta subirá los datos desagregados de las personas fallecidas en las residencias de mayores privadas y no solo las públicas, “en los próximos días” y de toda la pandemia de coronavirus covid-19 no solo de los meses de marzo y abril que se le requerían, para que “cualquier ciudadano” los pueda consultar, apostilló.
La administración autonómica considera que la sentencia de la sala, que desestimó las alegaciones que presentaron para no facilitar la información hasta este momento, les da “autoridad” para hacerlo ahora. Carriedo esgrime, todavía, el argumento de que haberlo hecho público antes sin que se lo dijese un juez podría haber supuesto un perjuicio económico para las empresas privadas y una presunta vulneración de la protección de datos de las víctimas de la COVID, según un informe jurídico de la Abogacía del Estado y de los Servicios Jurídicos del Gobierno autonómico y las autoridades en materia de Protección de Datos.
En cuanto a que los dos socios del actual Gobierno autonómico, PP y Vox, votasen en contra de hacer públicos los datos de muertos en residencias este mismo miércoles en el Pleno de las Cortes, Carriedo manifiesta que “ayer lo que se votó en contra no tenía nada que ver con la sentencia que plantea. Vamos a aprovechar la puerta que nos abre la sentencia para publicar lo que la sentencia nos permite publicar”, ha afirmado Carriedo.
Lo que el PSOE proponía en la moción que amplió Ciudadanos era instar a la Junta a hacer públicos los datos de fallecimientos en centros residenciales privados y hacer públicos, de la misma manera, los datos sobre enfermos trasladados y no trasladados a hospitales, indicando si el fallecimiento se produjo en las residencias o los hospitales.
Transparencia ya había reconocido el “interés público” de dar esa información
La sentencia del TSJ que conocimos este lunes vino a refrendar la posición ya manifestada anteriormente por Transparencia. El exdirector general de Transparencia, Joaquín Meseguer, consideraba que no se había “tenido en cuenta el interés público o privado que justificaba” el acceso a la información. Preguntado por la posición de Meseguer ha insistido en los informes de los Servicios Jurídicos. El Comisionado de Transparencia también afeó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que negara estos datos tanto a ILEÓN como a elDiario.es.
Aún así, una petición por transparencia a la contra desde este medio había obligado ya a decir a la Junta en qué centros privados de residencias de ancianos no se habían producido fallecimientos por COVID, con lo que se deducían los más de 300 en los que sí, que suponen aproximadamente cuatro de cada diez. La información completa, en el enlace.
