La justicia obliga a la Junta de Castilla y León a divulgar los datos de fallecidos por COVID-19 en las residencias de mayores
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha ordenado al Gobierno autonómico que entregue a un medio de comunicación la información sobre las personas mayores que fallecieron en las residencias de ancianos de la Comunidad durante la primera ola de la pandemia de coronavirus COVID-19. La sala da diez días para cumplir con la petición de datos por solicitados por infoLibre al amparo de la Ley de Transparencia, o de 30 días para recurrir la sentencia al Tribunal Supremo, ha informado el periódico este lunes.
El TSJ desestimó las alegaciones del Gobierno autonómico para no facilitar la información, señalando que los límites de acceso a la información pública deben aplicarse “con cautela y con criterios restrictivos que no menoscaben los objetivos de transparencia de la actividad de los entes públicos”, rechazando así el argumento de que su difusión podría perjudicar los “intereses económicos y comerciales” de las empresas que las gestionan.
El asunto se remonta al año 2020, cuando el entonces gobierno autonómico bipartito entre el PP de Alfonso Fernández Mañueco y Ciudadanos de Francisco Igea, con la entonces consejera Verónica Casado al frente de Sanidad y la 'popular' Isabel Blanco a cargo de Familia, negaron el acceso a varios medios de los datos de fallecidos en las residencias de Castilla y León. Todo tras publicar elDiario.es que existió un protocolo que ordenó no derivar a los ancianos de las residencias a los hospitales en la Comunidad durante la primera ola del coronavirus.
Los argumentos de la administración autonómica eran que conocer en qué centros residenciales de mayores se habían producido decesos a consecuencia del virus “podría causar un daño económico” a los privados, que se trata de “datos personales” a salvaguarda de la protección de datos y que el interés de conocerlos era “muy escaso”, por encima del derecho al acceso a la información. El Comisionado de Transparencia de Castilla y León resolvió en una petición de infoLibre y otra similar de ILEÓN considerando que los datos de fallecidos por COVID-19 en residencias privadas que Castilla y León era de “especial interés público”, por lo que instaba al Gobierno autonómico a su entrega.
Pese a las trabas de la Junta, ILEÓN consiguió en una nueva petición de acceso determinar en cuál de cada una de las 716 residencias de mayores de Castilla y León en las nueve provincias se habían producido, o no, decesos por causas del coronavirus; sin poderse especificar cuántos han muerto en la propia residencia o fueron trasladados al hospital.
En cuatro de cada diez residencias de mayores de la Comunidad murieron personas por culpa de contagiarse de coronavirus hasta el 9 de mayo de 2021. En concreto, en más de trescientas de las setecientas que la Consejería de Familia considera con concesión para llevar a cabo esta labor hubo muertos por la pandemia. Esta es la primera vez que se conocía con detalle en qué residencias hubo muertos o no.
En números totales, Castilla y León califica como 'residencias de mayores' a 716 centros en las nueve provincias, según una tabla de datos abiertos. En 306 de ellas se produjo 'muerte por covid', siendo Salamanca (con 58) donde más centros ha habido con fallecidos. León, con 49, Valladolid con 47 y Burgos con 41 como las provincias donde más decesos se habían producido esta misma circunstancia en residencias.
El TSJ de Castilla y León desestimó las alegaciones del Gobierno autonómico para no facilitar la información, señalando que los límites de acceso a la información pública deben aplicarse “con cautela y con criterios restrictivos que no menoscaben los objetivos de transparencia de la actividad de los entes públicos”, rechazando así el argumento de que su difusión podría perjudicar los “intereses económicos y comerciales” de las empresas que las gestionan.
Reacciones
En un comunicado Ciudadanos Castilla y León ha celebrado la sentencia del que ordena al ejecutivo autonómico a facilitar el acceso a los datos de fallecidos en residencias durante la Covid. “Estamos satisfechos con esta noticia”, ha manifestado el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea. “Es una sentencia que confirma expresamente nuestro criterio de entonces”, ha recordado Igea, “que viene de la mano de la excelente e incansable labor del ex directo del Transparencia y Buen Gobierno de la JCYL, Joaquín Meseguer”. La consejería de Transparencia sí emitió un informe a favor de la divulgación de los datos aunque se impuso el criterio de la de Familia de denegarlos.
Por su parte el PSOE ha mostrado su apoyo a los familiares y amigos de los fallecidos en las residencias tras conocer la sentencia. “Tienen nuestra palabra no pararemos hasta que se sepa toda la verdad”, ha asegurado Ana Sánchez, número 2 del PSOE de Castilla y León. Los socialistas, que pidieron una comisión de investigación sobre lo sucedido rechazada en las Cortes con los votos de PP y Ciudadanos, criticó el argumento de perjuicio económico usado por el Gobierno autonómico para impedir el acceso a los datos de los centros privados, ya que recordó se alegaba que se hacía para no perjudicar a intereses de empresas y comerciales, “Siempre defiende a los mismos, siempre se deben a los mismos”, arguyó para rematar que “Aquí estamos y aquí vamos a seguir estando para defender a la gente”.
