La Guardia Civil investiga en León a una persona por realizar labores de transporte escolar sin tener autorización
La Guardia Civil investiga en León a una persona por un presunto delito de falsedad documental al detectar que realizaba funciones de transporte escolar de dos menores de edad sin contar con la correspondiente autorización.
Fue el pasado mes de enero, durante la campaña especial de la DGT (Dirección General de Tráfico) de control del transporte escolar, cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes al destacamento de Astorga identificaron y posteriormente investigaron a una persona, titular de un vehículo con el que realizaba labores de estas características pese a carecer del permiso oportuno.
Durante el período de vigilancia, los agentes detectaron que el vehículo en cuestión transportaba a dos menores. Tras solicitar al conductor la documentación correspondiente, comprobaron que el automómovil no poseía autorización de transportes VT para actuar con Auto-Taxi: había sustituido la placa de matrícula ordinaria trasera por una placa especial con fondo azul y caracteres alfanuméricos en blanco, específica de los vehículos dedicados al transporte de viajeros.
Al observar esta circunstancia (posible motivo de infracción penal), los agentes la notificaron al Equipo de Transportes al Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) de la Unidad de Investigación del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León, quienes se trasladan al lugar al objeto de la instrucción de unas primeras diligencias.
Con posterioridad, constataron la autoría de la persona investigada al ser administradora única y propietaria de la empresa mercantil de transportes como autora de un delito de falsedad documental.
Además, formularon dos denuncias por infracciones al Reglamento de Transportes: una por no carecer de la autorización específica de transporte escolar, sancionada con 2001 euros y otra por carecer de título habilitante para la realización de transporte regular de escolares sancionada con 4.001 euros.
El delito de falsedad en documento público está recogido en el artículo 392 del Código Penal y puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
