Tragsa retira la sanción al trabajador de las Brif, que intentarán dialogar con la empresa para evitar más casos ‘mordaza’
El acto de conciliación celebrado este martes entre la empresa pública Tragsa y el empleado de las Brif (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales) sancionado por realizar unas declaraciones a un medio de comunicación ha terminado con el acuerdo para retirar la multa de dos días de empleo y sueldo impuesta por la compañía. Los trabajadores se congratulan de que se haya puesto así punto final a este conflicto, al tiempo que muestran su voluntad de entablar un diálogo con Tragsa para precisar un artículo del convenio que “suscita dudas” acerca del margen de los operarios para pronunciarse públicamente al respecto de sus intervenciones.
La Asociación de Trabajadores de las Brif, dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha mantenido concentraciones semanales de protesta por lo que consideraba “mordaza y ataque a la libertad de expresión”. La última coincidía precisamente en la mañana de este martes con el acto de conciliación, previo al juicio, concertado entre la empresa pública y el operario sancionado en la sede de la Oficina Territorial de Trabajo de León.
En el fondo del asunto se dirimía el papel como fuente informativa de trabajadores encargados de labores de extinción de incendios, premiada por algunas administraciones públicas. El expediente abierto al operario de la Brif de Tabuyo del Monte se remitía a unas declaraciones ofrecidas al diario digital Leonoticias, el pasado 20 de agosto fuera de su horario laboral, para informar sobre el estado de un fuego registrado en el municipio grancanario de Valleseco.
“Amparados” por la libertad de expresión
Si bien el acuerdo de conciliación pone fin a este caso concreto con la marcha atrás de Tragsa, los trabajadores de las Brif tienen ahora intención de abrir un diálogo con la empresa a fin de aclarar el contenido de un artículo del convenio que podría dar lugar a diversas interpretaciones. En todo caso, los empleados se sienten “amparados” por el derecho a la libertad de expresión puesto negro sobre blanco en la Constitución.
En las concentraciones de protesta protagonizadas en semanas anteriores, los bomberos forestales recordaron que, ya en el año 2014, la empresa pública intentó sancionar a un trabajador por tomar una fotografía de un incendio y publicarla más tarde en las redes sociales de la asociación, lo que motivó una huelga de 107 días para demandar una mayor difusión a su trabajo frente a la “dejadez” de Tragsa y del Ministerio para “publicitar y dar luz al colectivo en el trabajo y actuaciones que realiza”.
