Amoedo llama a no bajar la guardia ante el transtorno del autismo en la Comunidad
El procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, ha llamado, este martes, a las administraciones y entidades a no bajar la guardia ante el transtorno del autismo, y ha recibido la queja de este colectivo de que se ofrezca un tratamiento específico en centros especializados y la financiación que esto requiera.
Amoedo ha conocido de primera mano la realidad de las personas que sufren autismo en Castilla y León durante su visita a Valladolid, a las instalaciones que la asociación vallisoletana sobre este transtorno tiene en la capital, donde atiende a unas 75 personas.
El Procurador del Común ha trasladado a la Federación de Autismo de la Comunidad su apoyo para que se sigan adoptando medidas y se mejore la situación de estas personas, que ya motivó que en el 2009 elaborara una actuación de oficio con recomendaciones que trasladó a las consejerías de Sanidad, Familia y Educación, que a su juicio están “trabajando y haciendo una buena labor”.
Amoedo ha recibido dos quejas por parte de la Federación de Autismo de la Comunidad, que preside Simona Palacios, de otros tantos casos que no son sino la “punta del iceberg” de una realidad mayor, y que afectan a dos personas mayores que no tienen nadie que se haga cargo de ellas y que al ser atendidos en centros generalistas se ven sometidos a restricciones, con una pérdida de calidad de vida que acentúa su “conducta problemática”.
Esto lleva, según ha referido Palacios, a que por esa conducta a pasen a ser tratados en centros sanitarios y siquiátricos, con tratamientos farmacológicos en lugar de educativos o preventivos.
Para evitar esto, la Federación de Autismo plantea que los tratamientos sean específicos y especializados con centros que abran los 365 días al año -actualmente lo hacen 272-; un Plan Específico para las personas que sufren este tipo de transtorno, igual que ya tienen otras autonomías y países; y una Ley sobre este “problema grave”.
Un caso por cada 110 personas
En total son unos cuatrocientas -se ha duplicado el número en los últimos dos o tres años- las personas con autismo y discapacidad intelectual a las que desde la Federación de Autismo regional, a través de sus centros provinciales, se ofrece atención, con diecinueve casos procedentes de familias monoparentales.
Palacios ha advertido de que el número de casos de autismo aumentan en curva con forma de “J”, con un aumento “increíble” en las dos últimas décadas y una prevalencia que actualmente está en un caso por cada 110 personas.
No está reconocida como discapacidad específica por lo que no hay estadísticas y su diagnóstico varía en función de las provincias y de los años que llevan con una asociación de Autismo, que atiende a personas que además tienen discapacidad intelectual, por lo que el número de las que sólo son autistas es difícil de determinar.
Simona ha observado que llevan diez años con la reclamación de que cuenten con un reconocimiento específico de esta discapacidad y de que haya centros con características especiales en cada territorio, que requieren de una mayor financiación, y ha alertado del retroceso que ha supuesto la Ley de Dependencia en cuanto a que ofrece un tratamiento generalista.
