Los universitarios leoneses se enfrentan a subidas mínimas de casi el 25%
Los estudiantes se mueven contra el llamado “tasazo universitario”, esto es, la subida de tasas que deberá llevarse a cabo en la comunidad autónoma en cumplimiento de la normativa fijada por el Ministerio de Educación y Cultura que dirige José Ignacio Wert. La modificación aprobada por el consejo de Ministros establece que en las primeras matrículas de un grado deben cubrirse entre el 15 y el 25% del coste real de la titulación. Teniendo en cuenta que el consejero de Educación de la Junta, Juan José Mateos, ha dicho que actualmente las tasas viene cubriendo el 12% del coste real de la matrícula de un estudiante y que el ministerio ha fijado un mínimo del 15%, para llegar a ese mínimo la Junta debería subir las tasas un 24,98% de media para las asignaturas de primera matrícula, siendo las subidas para segundas y sucesivas matrículas mucho más brutales.
La Junta de Estudiantes de la Universidad de León ha elaborado un documento (lo puedes ver aquí) para calcular lo que costaría adicionalmente el aumento de las tasas de matrícula en la Universidad de León. El precio medio de las tasas en la universidad el año pasado se situaba en los 16,01 euros/crédito de primera matrícula en los grados, siendo el máximo los 22,90 euros/crédito que pagaban en Veterinaria y el mínimo 11,08 euros/crédito de varios grados de Filosofía y Letras o Derecho (un curso en cualquier titulación de grado tiene 60 créditos). Calculando que esos 16,01 euros sólo cubran el 12% del coste si se pasara a cubrir el mínimo legal del 15% se pasaría a una media de 20,01 euros/crédito, una brutal subida del 24,98%. Si se aplicara la subida máxima del 25% el precio medio ascendería hasta los 33,36 euros, con una inasumible subida del 108,37%.
En la actualidad la media de coste del curso de un grado en la ULE asciende a 960,87 euros, que oscilan entre los 1.374 euros de Veterinaria a los 664,80 euros de Derecho o Historia del Arte. Esta cantidad sólo corresponde a la tasa de matrícula por el total de créditos de un curso de grado, a la que habría que añadir otros costes administrativos que se pagan al realizar la matrícula. Si la Junta aplicara el máximo de subida prevista por la normativa de Wert, hasta cubrir el 25% del coste real del curso, en un año los estudiantes pasarían a pagar hasta 2.001,81 euros por curso. Suponiendo que aprobaran todas las asignaturas por curso su carrera les costaría un total de 8.086,74 euros de media en tasas de matrícula, frente a los 3.874,03 euros que viene costando de media ahora una carrera en la ULE.
Si se aplica el criterio máximo las tasas subirían un 108,37%
Evidentemente las frías cifras de números y porcentajes no reflejan la realidad social de una subida de tasas de matrículas tan excesiva. Pese a que el ministerio obligará a las comunidades autónomas a elevar la cuantía de sus becas en el mismo porcentaje que suban las tasas, también se baraja subir la cantidad de créditos aprobados para seguir siendo becario así como modificar los ingresos por los que se acceden a una beca, lo que probablemente implicará menos accesos al sistema universitario.
En el caso de los alumnos repetidores sus costes se incrementarán notablemente más que ese 25% mínimo de media, ya que en segundas matrículas se tiene que cubrir entre el 30 y el 40% del coste real, la tercera matrícula entre el 65 y el 75% y la cuarta matrícula entre el 90 y el 100% del coste real de las enseñanzas. Malos tiempos corren pues para los repetidores, bien sea por indolencia propia o por enfermedad.
Lo cierto es que a falta de concreción de la Junta, y con los datos de que se disponen, la subida mínima a la que estará obligada la Junta no le deja margen salvo que se incumpla la ley o se hagan cambalaches estadísticos. Para este mes de mayo se espera la reunión que mantendrá el consejero Mateos con los cuatro rectores de las universidades públicas para comunicarles el ascenso de las tasas y el recorte en sus presupuestos. Hermida ya ha dicho en reiteradas ocasiones que se opone a la subida de las tasas y apuesta por reformar las estructuras universitarias, pero la Junta se verá obligada por la nueva normativa del Gobierno. Un rayo para la esperanza es que la Generalitat de Catalunya ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas, ya que según ellos invade las competencias autonómicas. De momento a esperar toca, por los recursos y por lo que anuncie la Junta de Castilla y León, pero que los estudiantes universitarios y sus familias vayan preparando el bolsillo para rascárselo un “bastante más”.
