Investigadores y políticos buscan un pacto autonómico por la I+D

Beca investigación ULE.

ileon.com

La Comisión de representantes de Investigadores de Castilla y León (CRICyL) ha hecho público hoy un comunicado en el que informa de la reunión que mantendrán el jueves 3 de marzo a las 10:00 horas en las Cortes de Castilla y León, con representantes de PP, PSOE, IU-Equo, Podemos, C's y UPL, en la que les pedirán la presentación de una Proposición no de Ley conjunta, en la que soliciten al Gobierno de Herrera la modificación de la convocatoria de financiación pública de la investigación.

En el texto difundido por la CRICYL se exige que sea retirada de forma “inmediata y urgente” la actual convocatoria de bases de financiación pública de la investigación de Castilla y León, que fue publicada en el BOCYL del 29 de diciembre de 2015, y que “no ha tenido en consideración las reclamaciones que realiza desde hace casi año y medio buena parte de la comunidad investigadora”, -que según se explica en el comunicado-, “comenzó a cuestionar la actual política de investigación a raíz de la anterior resolución de ayudas, en la que se quedaron fuera del programa el 80% de los proyectos presentados, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, el patrimonio o la comunicación. Algo que viene repitiéndose en los últimos cuatro años y que ha supuesto un recorte de los fondos para investigación, lo cual ha obligado a la paralización de muchos proyectos autonómicos, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales”.

600 investigadores respaldan la solicitud

Por parte de la ULE serán los profesores Enrique Javier Díez Gutiérrez y Francisco Salto Alemany quienes acudirán a la reunión, y lo harán con el respaldo de más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la comunidad que firmaron en la plataforma de internet Change.org una carta destinada a la Consejería de Educación, en la que exigían que “se cumplieran los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades que establecen que una función de las Universidades es la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que la investigación es un derecho y un deber del profesorado universitario”.

El texto de la CRICYL afirma que la comunidad científica de CyL no quiere que se consume lo que, para muchos, es ya una 'muerte anunciada' de buena parte de la investigación en Castilla y León, especialmente en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, así como en investigación básica, que es aquella que atañe a todas las áreas del saber y que sirve para generar conocimiento pero que no tiene una salida directa al mercado.

La catedrática de la Universidad de Burgos, María Luisa Lobato, (una de los cuatro portavoces de este movimiento), explica que “los países que tienen un enfoque demodelo productivo de alto valor añadido son aquellos que cuentan con más apoyos a

la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, porque dicha investigación es la que genera las bases para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Sin los resultados de la investigación básica, seguiremos ahondando en posibles resultados técnicos y rentables para algunas empresas, pero sin saber al servicio de qué modelo social y humano los desarrollamos“.

Por eso, los investigadores quieren que todos los partidos políticos se involucren para exigir la inmediata y urgente retirada de esta convocatoria de bases y el diseño de unas bases y de convocatorias acordadas con la comunidad científica de las Universidades Públicas de Castilla y León.

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