El sector de las renovables da un código de buenas prácticas a entidades locales y el Gobierno prorroga las autorizaciones
El sector de las energías renovables trasladó un código de buenas prácticas a las entidades locales en cuyo suelo se instalarán en los próximos años decenas de proyectos eólicos y fotovoltaicos, con el fin para racionalizar y agilizar el proceso de autorizaciones y licencias que deben tramitar este tipo de administraciones, las más pequeñas en función de su capacidad. Por este motivo, también, el Gobierno prorrogó hasta el 25 de enero el plazo para presentar las autorizaciones administrativas de construcción por parte de las empresas, si bien el sector teme que estas entidades se puedan ver superadas.
Castilla y León es líder en producción de energías renovables en España. Y de salir adelante todos los proyectos de fotovoltaica y eólica que superaron el primer hito de la declaración de impacto ambiental, que finalizó el 25 de enero pasado, la Comunidad encabezaría este ránking nacional durante muchos años más y con notable diferencia. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y la Junta concedieron la DIA a proyectos eólicos o fotovoltaicos con una potencia global de 12.527 megavatios, o lo que es lo mismo, 27 veces la central nuclear de Garoña (466 MW). Si bien es cierto que muchas de ellas han pasado este corte, pero “condicionadas a algunos requisitos” que ahora deberán acometer, según las fuentes del sector consultadas por Ical.
Ahora se ha dado la luz verde a la segunda prórroga y “se analizará cuando llegue ese 25 de enero”. En estos momentos hay una parte de las administraciones que “tienen el mayor peso y responsabilidad”, y que son las entidades locales, con las que el sector se ha comunicado a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y su presidenta, Ángeles Armisén, ya que conceden una parte de licencias.
El secretario general de la Asociación de Promotores Eólicos de Castilla y León (Apecyl), Eugenio García Tejerina, justifica en declaraciones a Ical que son ayuntamientos o juntas vecinales que por su tamaño o estructura pueden ver retrasados los proyectos en lo que a ellos les compete (suelo rústico o licencia de obra). “Lo pueden hacer, como lo han hecho en el pasado, pero a veces nos encontramos que no tienen estructura o equipos suficientes, tienen dificultades para poder atender en los plazos que marca la ley toda esta cuestión, con dudas de tipo de jurídico”, comentó.
Momento “importante”
En este sentido, les invitó a seguir el código de buenas prácticas diseñado por el sector y a preguntar a las diputaciones provinciales correspondientes y sus servicios jurídicos. Se trata de una “situación excepcional” que no se vivirá continuamente. “Es un momento importante y con trascendencia jurídica, económica y patrimonial muy relevante. Si resulta que como un ayuntamiento no es capaz de resolver en los plazos que indica la ley y causa un daño patrimonial, ¿cómo arreglamos eso?”, advierte. Además, sostiene que “sería triste” que después de todo el trabajo, “ahora no salga por una licencia municipal”.
García Tejerina señala que la Junta es “consciente” de este escenario, de que “todos tienen limitaciones”, pero cree que las entidades locales “no eran del todo conocedoras de estas circunstancias, de que les viene un aluvión de solicitudes y hay que resolverlo en los hitos que marca la ley, porque la norma no ha cambiado”. “Lo que antes era un inconveniente para resolver en seis meses, ahora puede provocar la caducidad de expedientes e incluso la pérdida de proyectos”, alerta.
Todo el stock a la vez
En este momento, este tipo de licencias aglutina la “principal preocupación”, que más tarde se trasladará al propio sector, cuando tenga que construir en dos años y medio todo lo aprobado, “siempre y cuando, y vendrán otras dificultades, los fabricantes puedan servir la materia”. “Si todo hubiera ido a un orden razonable, progresivo y escalado, los fabricantes podían haber producido a un ritmo razonable. Pero los promotores vamos a necesitar materiales, aerogeneradores, góndolas para el transporte, equipos de montajes y grúas, todo ello al mismo tiempo, lo que planteará problemas”, avanza.
Todo ello deriva de un mecanismo que estableció un decreto “hecho con la mejor intención, pero mejorable en cuando a su configuración”, espeta García Tejerina, quien recuerda que el método de los hitos se abordó para solventar una situación que “gestaba una burbuja, sobre todo en fotovoltaica, por el número de autorizaciones”. Así, el Miteco ideó un sistema para “depurar los proyectos más maduros y serios y dejar fuera otros que no tenían tanto sentido”. “Ese era el objetivo, dejar fuera a los más débiles. Pero tampoco ha depurado tanto y ha sobrecargado las administraciones públicas y puesto en riesgo proyectos que teóricamente había que conservar y apoyar”, expone. Es más, prosigue, “es posible que algunos de estos proyectos maduros se puedan perder porque están a la cola de otros seis o siete y no van a llegar”. “No era la idea, pero esa configuración así lo ha dejado”, lamenta.
La “prueba evidente” de esta denuncia es que los hitos se han prorrogado varias veces, con lo que se constata que “si se establece una norma y luego ha aplazamientos, estás lanzando un mensaje delicado”, que hay que “equilibrar” con la resolución de situaciones “muy complicadas y problemas de responsabilidad patrimonial”.
Por último, desconoció si se tratará de la última prórroga, aunque reconoció que el Ministerio ha respondido “al menos a las demandas del sector y no ha sido intransigente cuando se le ha advertido de que no iban a llegar”.
