Reliegos gana la batalla judicial contra la Junta y la macroplanta para acumular lodos de depuradora y hacerlos compost
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León acaba de anular la resolución que concedía una autorización ambiental autonómica para el desarrollo del proyecto de una macroplanta de compostaje de lodos en el pueblo de Reliegos de las Matas, en el municipio de Santas Martas.
Se trataba de un proyecto que entre otros contemplaba una capacidad de almacenaje y supuesto tratamiento, para su transformación en abono, de unas 44.400 toneladas de lodo al año, material todo él procedente de las depuradoras que entresacar toda la suciedad contaminante antes de su vertido al rí. El proyecto estaba siendo promovido por la compañía Agro Gestión Integral Sociedad Cooperativa.
El visto bueno ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, entonces unificada y presidida todavía en la parte medioambiental por el consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiónes, databa del pasado 26 de octubre de 2020.
Nada más conocerse alguno de sus detalles, el proyecto acumuló la protesta de numerosos detractores. A los recursos del Ayuntamiento de Santas Martas se unieron las protestas vecinales, así como de la Asociación Vecinal Valle de Valdearcos. Estos llegaron a movilizar una caravana de vehículos de 68 kilómetros por todos los pueblos que iban a ser afectados.
Tal y como recuerda el despacho de abogados que ha llevado todo el caso en nombre de la asociación, Abraira Abogados, el Consistorio motivó la autorización ambiental en un cambio de criterio por su parte, ya que en un primer momento indicaron que la construcción de la planta no era compatible y fue después cuando motivaron lo contrario, que sí lo era.
Ahora, incluso aunque el Consistorio quisiera volver a dar un bandazo, los vecinos y afectados ya disponen de una sentencia a su favor. Sin embargo, recuerdan que todavía es posible algún recursos superior al ultimo pronunciamiento judicial del TSJ, en concreto ante el Tribunal Supremo, para lo que el fallo dejaba un plazo de 30 días. Sin embargo, el despacho señalan que, en el supuesto de que decidieran recurrir, “las posibilidades de admisión a trámite de los recursos contenciosos es ínfima”. E incluso en caso improbable de que se admitiera, creen que la sentencia está muy bien fundamentada, por lo que consideran “que no sería modificada” por el Supremo.
