Ocho vertederos ilegales de la provincia le cuestan una denuncia a España de la Comisión Europea
España tendrá que rendir cuentas ante el Tribunal de Justicia de la UE por su “deficiente gestión” de los residuos en las comunidades autónomas de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia. A pesar de anteriores apercibimientos, la Comisión Europea denuncia que España no ha tomado medidas para “cerrar, sellar y restaurar” ecológicamente 61 vertederos ilegales, tal como establece la legislación de la UE sobre residuos, 27 de ellos en Castilla y León.
En concreto, en el listado aparecen vertederos en la provincia de Ávila, en Cardeñosa; en la de Burgos, en Miranda de Ebro y Poza de la Sal; en la de León, en Acebedo, Bustillo del Páramo, Cármenes, Gradefes, Noceda del Bierzo, San Millán de los Caballeros, Santa María del Páramo y Villaornate y Castro; en Palencia, en Cevico de La Torre y la capital palentina; en Salamanca, en Ahigal de los Aceiteros, Alaraz, Calvarrasa de Abajo, Hinojosa de Duero, Machacón, Palaciosrubios, Peñaranda de Bracamonte, Salmoral y Tordillos; en Segovia, en Basardilla y Cabezuela; y en Zamora, en Almaraz del Duero, Cañizal y Casaseca de las Chanas.
Fuentes de la Comisión Europea explicaron que de conformidad con el Derecho de la UE, los estados miembros deben recuperar y eliminar los residuos de modo que no se ponga en peligro la salud humana ni el medio ambiente, y prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos.
En este sentido, aseguran que tras haber identificado varios vertederos ilegales, la Comisión inició en marzo de 2007 procedimientos por incumplimiento, y envió un dictamen motivado en octubre de 2008. Las autoridades españolas se comprometieron a cerrar y restaurar los vertederos ilegales como parte de sus planes de acción antes de finales de 2011.
Sin embargo y dado el lento progreso, en septiembre de 2014, la Comisión envió un dictamen motivado complementario, instando a España a ocuparse de modo adecuado de los 61 vertederos incontrolados que, “si bien ya no operan, seguían representando una amenaza para la salud humana y el medio ambiente”.
Así, la Comisión Europea afirma que a mediados de 2015, “siguen sin planificarse, aprobarse o iniciarse la mayoría de los trabajos necesarios para cerrar, sellar y restaurar 61 vertederos incontrolados”. “En un esfuerzo por que España agilice el proceso, la Comisión la lleva ante el TJUE”, sentencian.
