Lanzan una campaña para recaudar fondos y recurrir la sentencia del celador de los Ancares
Ecologistas en Acción anunció su intención de recurrir la sentencia del jurado popular que absolvió del delito de incendio forestal al celador de la Junta de Castilla y León acusado de provocar el fuego declarado en la Reserva de Caza de los Ancares en octubre de 2011. Para ello, y ante las limitaciones económicas del colectivo, se anuncia la búsqueda de apoyo económico mediante una campaña de crowfinding bajo el lema 'No a los incendios, no a los incendiarios'.
Los grupos ecologistas de la provincia de León explicaron su intención de esperar a leer los argumentos que exponga el juez en la sentencia de este caso para, a partir de ese momento, interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). En este sentido, el grupo ecologista confió en que el resto de partes implicadas, como son la Fundación Oso Pardo, la Junta de Castilla y León y el Ministerio Fiscal, recurran también el fallo.
Para abordar esta nueva etapa judicial y dado que los fondos económicos de los grupos ecologistas son “muy escasos”, se solicitará la colaboración económica de las personas que se hayan sentido “desoladas” con la sentencia de este caso. Para ello se lanzará “en breve” una campaña de micromecenazdo denominada 'No a los incendios, no a los incendiarios' a través de páginas web, medios de comunicación y redes sociales.
El grupo ecologista recordó a través de un comunicado recogido por Ical que los incendios forestales intencionados son “una lacra” que golpea año tras año los montes del noroeste peninsular en general, y de la provincia en particular, y en este caso la Reserva de Ancares es “una de las comarcas leonesas más azotadas por este mal”.
A juicio de Ecologistas en Acción, “pocas veces han estado tan claros los hechos”, con testigos oculares de la comisión del delito, coartadas “falsas” del acusado, testigos de la defensa que “mienten abiertamente”, acusado un celador de la Junta que se aleja del lugar del incendio “mientras sus compañeros acuden a sofocarlo en el desempeño de su responsabilidad”, “inequívocos” informes periciales del Seprona y agentes forestales, entre un largo etcétera.
Sin embargo, el jurado falló a favor del acusado, una circunstancia de la que Ecologistas en Acción entendió que cuando el principal afectado de un acto delictivo es el patrimonio natural, es casi “necesario” que el propio acusado reconozca los hechos para que exista una condena. Por eso, se instó al legislador a promover “importantes cambios” en la legislación penal medioambiental.
Por último, se recordó que el hecho delictivo tuvo como consecuencia dos “terribles” incendios que dejaron un balance de 305 hectáreas calcinadas en un territorio que cuenta con algunas de las máximas figuras de protección, tanto nacional como internacional.
