La Junta aún permite la contaminación por residuos enterrados por RMD en Villanueva del Carnero 17 años después
En el año 2006, hace 17 años ya, la empresa Recuperación de Materiales Diversos (RMD) enterró en una finca de cinco hectáreas en Villanueva del Carnero decenas de miles de toneladas de residuos industriales, tales como peladuras de cables con polvo de metales pesados. Dos años después la Universidad de León informó de que las aguas subterráneas de la zona estaban siendo contaminadas por metales pesados, como cobre, zinc y plomo.
Tras la denuncia de Ecologistas en Acción, y muchos años de litigios, la Comisión Europea les acabó dando la razón en 2014, hace nueve años, imponiendo un expediente sancionador a España por estos hechos y obligando a que RMD retirara, bajo la supervisión de una empresa independiente, aquellos residuos industriales ilegales.
Sin embargo, la Junta de Castilla y León, competente en la materia, lleva ya dos años sin ejecutar esa retirada, como pide la organización ecologista, y se limita a imponer multas anuales a la empresa. Ahora se conoce que se ha notificado la multa número 20 a la compañía pero los residuos contaminantes permanecen en el mismo lugar.
En una nueva nota de prensa, Ecologistas en Acción lamenta que la Junta “desoye” como siempre la situación e ignora la petición de que decrete la ejecución subsidiaria, es decir, que la Junta elimine los residuos y cargue los gastos a la mercantil. Y es que ven claro que la empresa está obligada a su retirada por Resolución de la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de enero de 2014, tras la intervención de la Comisión Europea.
Para la organización, el constante incumplimiento hace que la multa económica, de unos 2.000 euros al año, se convierta en “una invitación a no hacer nada, pues la extracción de los residuos es mucho más cara, y más, cuando no hay ninguna otra sanción o imposición que obligue de verdad”.
Ante esta “grave irresponsabilidad”, Ecologista en Acción anuncia que volverá a notificar esta situación a la Comisión Europea, para que se implique en el tema, y cumpla su compromiso, dado que como ya respondieron las autoridades europeas “la Comisión se reserva el derecho de reactivar este procedimiento de infracción en caso de que las autoridades españolas no atendieran a su compromiso”.
