La Junta autoriza otras cuatro plantas fotovoltaicas que suman más de 350 hectáreas en la provincia de León

Planta fotovoltaica.

Redacción ILEÓN

Si el jueves fueron cinco, este viernes otras tres. La cascada de autorizaciones administrativas previas otorgadas por la Junta de Castilla y León a proyectos de instalaciones renovables incorpora esta jornada plantas fotovoltaicas que suman la ocupación de terrenos por más de 350 hectáreas en la provincia leonesa, según resoluciones publicadas tanto en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León) como en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia).

El mismo esquema se repite en las cuatro autorizaciones de proyectos cuestionados a través de alegaciones que alertan sobre posibles fragmentaciones de iniciativas de similares características en la misma zona de influencia para salvar las restricciones normativas. Ante este tipo de reparos, el Gobierno autonómico apela tanto a sus propias competencias como al silencio del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico como avales para dar su visto bueno y que los expedientes prosigan su vía administrativa.

El parque fotovoltaico 'Hulla' ocupará 99 hectáreas en los municipios de Villagatón y Quintana del Castillo y contará con un presupuesto de 26,8 millones de euros para 49,8 megavatios de potencia. Las alegaciones de Ecologistas en Acción alertan de la concurrencia en la misma zona de influencia de otros siete proyectos de plantas fotovoltaicas. Una de ellas es 'Antracita', que constará de 103 hectáreas en los mismos municipios y un presupuesto también de 26,8 millones de euros con una potencia instalada de 49,8 megavatios, según reza la publicación del Bocyl.

El BOP, por su parte, anuncia la resolución también de autorización administrativa previa para la planta fotovoltaica 'Bierzo', que ocupará 156 hectáreas con 50 megavatios de potencia en terrenos correspondientes a los municipios de Benavides de Órbigo, Villares de Órbigo, Quintana del Castillo, Villamejil y Magaz de la Cepeda.

Contra estas resoluciones de la administración autonómica que todavía no ponen fin a la vía administrativa cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Dirección General de Energía y Minas. 

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