Esperan más sentencias contra los parques eólicos de Omaña
Este fin de semana, la noticia de que una jueza ha impuesto una fianza millonaria a un directivo de Enel por la construcción de un parque eólico sin las autorizaciones pertinentes, afectando a una hembra de urogallo cantábrico, ha causado conmoción en la montaña leonesa. Pero seguramente no será la única.
En la Sociedad Española de Ornitología (SEO-Birdlife) esperan que en los próximos días el Supremo confirme las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre los parques Villabandín (I y II) y Curueña II, como ya ha sucedido hace pocos días con el de Salce.
Sucede que el Supremo ha considerado como “omisión grave” el hecho de que el impacto ambiental haya sido evaluado para cada uno de los parques de manera individual, sin tener en cuenta las construcciones próximas del mismo tipo. Los denunciantes consideran que se trata de un “macroproyecto”, que en total prevé la instalación de 350 molinos a lo largo de 100 kilómetros de montaña leonesa.
Un macroproyecto, repartido
El hecho de que los parques se hayan tramitado de manera individual, ha generado un complejo entramado de causas judiciales promovidas por el despacho de abogados Ecourban, y en las que participa SEO/Birdlife como demandante. En alguno de los parques, también son demandantes las asociaciones URZ, Gedemol y la Plataforma para la Defensa de Gistredo.
Para el abogado Carlos González Antón, lo que hay que considerar es que se trata de un macro parque eólico, al punto que han presentado una denuncia penal contra “todos los parques de Omaña y Cepeda”. En total, unos 350 molinos de viento en el corazón del hábitat de la población más meridional de urogallo, aunque hayan sido tramitados como proyectos parciales y promovidos por distintas empresas, con participación de grandes jugadores del mercado como Iberdrola, Endesa, Enel y Unión Fenosa.
Autorizaciones recurridas
En lo que los ecologistas llaman el “norte de Omaña”, los parques no llegaron a construirse (color naranja en nuestro mapa). Es el caso de Salce, Villabandín I y II, Curueña I y II. El de Murias II fue directamente anulado por el TSJ, ya que se encontraba íntegramente dentro de la Zona de Especial Protección de Aves. Tampoco se construyó el de San Feliz, más al sur, aunque los trabajos previos afectaron directamente a una hembra de urogallo que, al trasladarse a una zona más segura, perdió todas sus crías. Como estaba siendo radiocontrolada por la Universidad de León para un proyecto de investigación, el daño pudo ser constatado.
Sin embargo, al menos otros tres parques sí avanzaron hasta encontrarse en la actualidad en pruebas de funcionamiento. Son los de Valdesamario, La Espina y Peña del Gato. Según explican desde Ecourban, los tres tienen en común que comenzaron las obras sin tener todos los permisos necesarios, como permisos municipales, licencia de ocupación de montes de utilidad pública y aprobación de los proyectos de ejecución.
En este momento, todos tienen recurridas sus autorizaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando se resuelva la cuestión de fondo, podrían pasar al menos dos cosas. Por ejemplo, que se obligue a las empresas a efectuar una nueva declaración de impacto ambiental, teniendo en cuenta los factores no contemplados hasta el momento, o que, en el caso más extremo, se paralice su funcionamiento y obligue al desmantelamiento de los molinos ya construidos.
