'Ecologistas' ve “insostenibles” las plantas de quema de biomasa y residuos para biogás de la Junta en Puente Castro
Ecologistas en Acción de León denuncia en sus alegaciones que dos de las plantas que promueve la Junta en el barrio de Puente Castro, en la capital leonesa, son “insostenibles” en términos económicos y ambientales, ya que además recordó se pretenden ubicar sobre suelo “rústico protegido”. Se refiere en concreto a la planta de quema de biomasa y de quema de residuos orgánicos para fabricación de biogás, entre otras que contempla el proyecto para suministrar energía a la anunciada red de calor de la ciudad.
Según informa la organización en un comunicado, se incumple la legislación ambiental y urbanística en el procedimiento iniciado por la Junta -a través de la empresa pública Somacyl- para autorizar, como ‘proyecto regional’, la construcción de una central térmica de 88 megavatios que usará biomasa forestal para suministrar agua caliente a la ciudad de León; una planta de biogás donde se tratarán los residuos orgánicos del municipio; y una planta para producir hidrógeno (de uso y destino desconocidos) que consumirá agua del abastecimiento urbano, amén de una planta de energía solar.
Asimismo, el plan indica que conllevará una inversión de 66 millones de euros (más IVA y beneficio empresarial) y que será cofinanciado por la UE con fondos Next Generation. Sin embargo, Ecologistas critica que no se precise la cuantía de las subvenciones europeas, ni el porcentaje que habrá que devolver con intereses. También aseguró que se desconoce el gasto de dinero público que asumirán respectivamente la Junta y el Ayuntamiento, en su día cifrado en 85 millones. “Sin conocer las condiciones de financiación, resulta inverosímil la aceptación de las pretensiones de Somacyl por parte del Ayuntamiento de León”, agregó.
Igualmente, consideró “sorprendente” que, transcurridos más de tres años desde la solicitud inicial de Somacyl, no se aporten estudios de mercado sobre la demanda real de la red de calor. “Ni siquiera se han hecho encuestas a la población, y no consta padrón inicial de usuarios. O sea, la actividad principal de este plan no está justificada en términos de viabilidad económico financiera. Circunstancia que consideramos muy preocupante, teniendo en cuenta que la documentación necesaria para acreditar y justificar el alcance de las actividades industriales que se proyectan, a nivel constructivo, funcional y económico, no ha pasado por el Pleno”, señaló.
Cerca de zonas habitadas
En cuanto al impacto ambiental, rechazó la construcción de grandes instalaciones de combustión (como la central de biomasa propuesta) y actividades industriales potencialmente contaminantes en las que intervienen sustancias peligrosas (plantas de hidrógeno y biogás) especialmente cuando se sitúan cerca de zonas habitadas, como el barrio de Puente Castro. “Provocarán molestias por ruidos, malos olores y emisiones contaminantes (benzo, pireno, metales pesados, partículas...), efectos negativos que se verán incrementados por el incesante trasiego de camiones”, apostilló.
También censuró el “enorme” consumo (128.000 toneladas al año) de astillas forestales de madera y leña de la central de biomasa funcionando al máximo rendimiento, ya que consideró que es “totalmente inaceptable” que se tramite la autorización de este proyecto sin que se faciliten estudios de disponibilidad del recurso, y planes de aprovechamiento para poder evitar la sobreexplotación de los montes y ecosistemas afectados.
35.290 metros cúbicos de agua de consumo humano al año
Por otra parte, el plan consumirá 35.290 metros cúbicos al año de agua que se tomará del abastecimiento municipal. Sin embargo, advirtió de que no constan informes avalados por el Pleno, que aseguren que esa demanda de agua no incidirá negativamente en el suministro a la población y especialmente al barrio de Puente Castro, donde se realizará la toma. “Sin informes favorables de Saleal y CHD tampoco hay garantías del funcionamiento correcto de la EDAR -estación depuradora de aguas residuales-, que recibirá las aguas residuales industriales del plan regional, ni del mantenimiento de la calidad de las aguas receptoras del río Bernesga”, agregó.
Por ello, sentenció que “no es de recibo que las autoridades locales permitan la intromisión de la Junta en la facultad de ordenación de la ciudad, y deleguen en la Consejería de Medio Ambiente las competencias que corresponden al municipio, legítimo gestor de los intereses locales”. Por eso, en un análisis ya más político, arremetió contra el “leonesismo impostado” de las autoridades locales y su “vasallaje real” a los intereses de la Junta.
