Izquierda Unida se suma a las quejas y también alega contra las macroplantas energéticas para León en Puente Castro
Izquierda Unida (IU) de León se ha sumado también, dentro del plazo legal establecido, a las quejas, en forma de alegaciones oficiales, al llamado 'Proyecto Regional para la implantación de un complejo de energías renovables en León' que promueve la Junta de Castilla y León a través de su empresa pública Somacyl en terrenos de dominio público del barrio de Puente Castro para extender una red de calor por el sur de la capital. Un complejo que prevé la construcción de plantas de combustión por biomasa, hidrógeno 'verde', biogás procedente de residuos orgánicos y una amplia extensión de placas solares, con una inversión prevista de 85 millones de euros sumando toda la red subterránea e infraestructuras para dar traslado a la energía que se genere. El proyecto fue presentado a finales de 2023.
La formación considera que “el proyecto supone una vulneración de la normativa urbanística y ambiental, además de una imposición injustificada sobre los vecinos y vecinas de la zona”, a la vez que expone que “este proyecto podría haberse implantado de una manera racional, con pequeñas centrales de calor que suministraran energía a los barrios minimizando el impacto ambiental en una sola zona, el paso de camiones y teniendo en cuenta el suelo industrial de León, algo más alejado de las zonas destinadas a viviendas.”
Según el escrito presentado por Izquierda Unida, el proyecto contempla la instalación de una central térmica de biomasa de 88 megavatios, una planta de biogás que trataría más de 55.000 toneladas anuales de residuos urbanos y una planta de producción de hidrógeno que utilizaría agua del abastecimiento urbano, más una planta solar fotovoltaica.
Desde IU denuncian que “la tramitación del proyecto” a través de la figura de un Proyecto Regional, “supone una vulneración de la autonomía municipal”, ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de León clasifica los terrenos afectados como suelo rústico con protección natural y especial, prohibiendo expresamente los usos industriales. “Con esta tramitación, la Junta de Castilla y León pretende modificar la calificación del suelo de forma arbitraria, sin pasar por los cauces urbanísticos ordinarios”, censuran.
También subraya la “falta de justificación del interés regional del proyecto”, dado que su ámbito de actuación es puramente local y “no se han explorado alternativas de ubicación” en suelos industriales. Asimismo, la formación recuerda que “proyectos similares han sido paralizados en otras zonas de la ciudad debido a la oposición vecinal y a resoluciones judiciales adversas”, desde Eras de Renueva a Cantamilanos, así como después en el vecino municipio de Navatejera.
Para la formación, “la implantación de estas instalaciones en Puente Castro supondría, además, graves impactos ambientales y sociales, incluyendo ruido, olores y emisiones contaminantes, así como un incremento significativo del tráfico de camiones transportando residuos y biomasa”. Asimismo, se destaca el uso de agua del abastecimiento urbano para la producción de hidrógeno, lo que podría afectar a la calidad del servicio en la ciudad.
Por todo ello, Izquierda Unida de León solicita la paralización del procedimiento de aprobación del proyecto, instando a la Junta de Castilla y León a respetar la autonomía municipal y a garantizar un desarrollo urbanístico y medioambiental sostenible para la ciudad.
También Alantre dice 'no'
Por su parte, el partido político Alantre también ha recogido in situ en Puente Castro, y después presentado, más de un centenar de escritos de alegación contra esta infraestructura, por encima de todo basando sus críticas en las emisiones de las futuras plantas. Y es que recuerdan que “los filtros existentes en el mercado” para las calderas de combustión “difícilmente pueden contener la emisión de partículas menores a 2,5 micras” y por eso, mantienen, “se recomienda que las instalaciones se sitúen como mínimo a 5 kilómetros de los núcleos de población”, cuando en este caso apenas hay separación.
De hecho, se observa que “prácticamente toda la ciudad está dentro del radio de 5 kilómetros, los barrios de La Lastra y Puente Castro, y las poblaciones de Santa Olaja de la Ribera, Corbillos de Sobarriba y Valdelafuente son los principales perjudicados por la influencia de los vientos predominantes en la zona”, siendo además núcleos que no se van a beneficiar de la futura red de calor.
Aparte de la ingente cantidad de árboles y material forestal que requeriría la planta, más de 400.000 tonelada de madera al año, provocando un riesgo de deforestación que perjudicaría a la captura de CO2, la instalación de la central supondrá la implantación de toda una red de tuberías para llevar el agua caliente a 90ºC a algunos edificios y viviendas de la ciudad. Pero además de que eso “supondrá convertir León en un lugar intransitable” durante las obras, no será algo puntual porque “la red de calor requerirá cada 25 años la renovación y reemplazo integral”, es decir, nuevas obras.
