UPL urge en las Cortes “resolver la parálisis administrativa” de San Andrés del Rabanedo sin secretario municipal
La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés Alicia Gallego urgió hoy resolver la “parálisis administrativa” en la que se encuentra el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León), el tercero de más población de la provincia, por la vacante de su secretario municipal, que en base a la ley es un funcionario de categoría A1, y por el que el Consistorio ha presentado ya un recurso a la Junta.
En este sentido, durante la primera sesión del Pleno de las Cortes de esta semana, pidió compromiso al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien aseguró que “lo primero” que hará su departamento es resolver, “conforme a derecho”, el recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento. Y en segundo lugar, “prestar la ayuda que precise para que se pueda resolver de forma correcta y legal la situación de parálisis administrativa”, de la que culpó a la anterior corporación del PSOE y a la actual de UPL, en el cargo desde mayo de este año.
De hecho, González Gago cargó directamente contra la “exclusiva responsabilidad” de la alcaldesa, Ana María Fernández Caurel. Así como contra el equipo de Gobierno socialista, que “ya en el mes de junio de 2022 manifestó que la situación del Ayuntamiento era catastrófica”. “Lejos de trabajar y solucionarlo, tanto aquellos como el actual equipo de la UPL, se han dedicado a echar la culpa a los demás y balones fuera a la Junta”, comentó, una frase que motivó la intervención, fuera de turno, del portavoz leonesista Luis Mariano Santos, que se llevó la reprimenda del presidente de las Cortes, Carlos Pollán.
El consejero recordó que el puesto de secretario es de “habilitación nacional, estatal y no autonómico”, con lo que la única competencia de la Junta es la “resolutiva y ejecutiva de la norma del Estado”.
Al respecto, explicó que cuando se conoció el caso, la Consejería ofreció “soluciones”, incluida la cobertura de la Vicesecretaría del Ayuntamiento, pero sin aceptar tras “multitud de conversaciones mantenidas y de propuestas manifestadas, ingentes llamadas de teléfono y centenares de correos electrónicos de la alcaldesa, el último esta misma mañana, a las 13.38 horas, preguntando si se va a resolver el recurso administrativo presentado por el Ayuntamiento”.
“La alcaldesa se cree gran conocedora del mundo del derecho, aunque se guía más por intereses personales y políticos, y ha optado por la única vía que no es legal, en la solicitud que presentó en septiembre de este año, en la que solicitaba que el secretario del Ayuntamiento, que es A1, fuera sustituido en nombramiento accidental por otro que es A2”, analizó González Gago, quien recordó que “lógicamente la Junta se lo desestimó por el principio de jerarquía normativa, que impide que un A2 esté por encima de un A1, aunque el personal con el que cuente se niegue a ello”.
UPL denuncia las “graves circunstancias” causadas por la Junta
Alicia Gallego señaló que esta vacante pone en “graves circunstancias” a cualquier ayuntamiento e insistió en que la Junta es “competente en nombramientos accidentales en este tipo de funcionarios”. También invitó al consejero a “controlar las bajas que se producen para evitar estas situaciones, que generan un perjuicio para el asunto municipal y los ciudadanos”, pues no se pueden celebrar plenos ni juntas de gobierno y ello supone, dijo, pérdidas de subvenciones. En el caso de San Andrés del Rabanedo, de hasta 600.000 euros para el barrio de Pinilla, que exige un pleno antes del 15 noviembre, “cosa difícil si no nos ponemos todos al tema”.
También apuntó a la necesidad de aprobar una nueva ordenanza de gestión de residuos antes de 31 de diciembre para “poder cobrar la tasa correspondiente y que no haya perjuicio ni en la gestión ni en ingresos municipales”, si bien afecta, igualmente, al pago de nóminas, contratos, proveedores o un certificado de empadronamiento.
“Esta parálisis exige cooperación entre el Ayuntamiento y la Junta”, expuso Gallego, quien trasladó que el Gobierno autonómico ha ofrecido una “única solución”, que sea un trabajador con categoría de A1, que en el caso de San Andrés es “difícil” porque solamente existen tres, que “además han renunciado de forma expresa y por escrito”.
A su juicio, la Junta hace “una interpretación demasiado literal, desfasada y sin tener en cuenta el contexto” de la normativa de Función Pública y pidió aceptar el recurso presentado por la alcaldesa para que ocupe la plaza un A2 “con titulación y los requisitos, cumpliendo el mérito, la capacidad y la publicidad, es decir, todo aquello exigible para la función pública”. Incluso, añadió la procuradora, en la propia resolución “se hace una clara confusión entre una atribución temporal de funciones y un nombramiento accidental”.
Como ejemplo, citó los casos de Astorga (León) y Aguilar de Campoo (Palencia), gobernado por el PP, con una situación similar, un municipio de más de 5.000 habitantes, donde una funcionaria del grupo C1 ha ejercido durante “más de dos meses” como secretaria. “Buscamos soluciones y que se trate a todos por igual; y una solución a este Ayuntamiento para evitar la parálisis municipal”, finalizó.
