La autoridad fiscal independiente advierte sobre las cuentas de San Andrés por una subida del gasto del 9%
![El Pleno de San Andrés del Rabanedo](https://static.eldiario.es/clip/34d89aeb-3a62-4c44-8b73-913c0107ae04_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha solicitado al Ministerio de Hacienda que active medidas preventivas de advertencia de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria a los ayuntamientos de València, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Gijón/Xixón, Vitoria-Gasteiz, Alcorcón, Jaén, Gandía y San Andrés del Rabanedo, las diputaciones de Barcelona y Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife, el Consejo Insular de Mallorca y la Diputación Foral de Gipuzkoa.
La entidad ha publicado este miércoles su informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2024, en el que señala al tercer municipio por población de la provincia de León por el crecimiento de su gasto, que unido a su elevada deuda puede poner en peligro su sostenibilidad financiera.
La subida del 9% prevista para el gasto previsto para este ejercicio 2024 lleva a la Airef a apreciar “elevados riesgos de incumplimiento de la regla de gasto”. Según sus cuentas para cumplir la normativa de Hacienda debería incrementar su financiación un 3,7% sobre sus ingresos actuales estimados.
La mala situación económica del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo es una constante arrastrada en los últimos 15 años, hasta el punto de llegar a estar intervenido por Hacienda por su alto nivel de endeudamiento. En 2017 la Airef llegó a calificarlo como “insolvente” aunque su situación económica ha mejorado en los últimos años, pero ahora Airef vuelve a ponerlo en la diana por el incremento del gasto.
A finales del 2023 el Ayuntamiento de San Andrés mantenía una deuda viva de 40 millones de euros con un presupuesto anual en torno a 20 millones de euros. Este año además el Consistorio tiene que asumir el coste de gestión de basuras, anteriormente conocido como Gersul, que es un millón de euros que antes asumían los vecinos con una tasa y que no les cobrará al no aprobarse, en contra de la normativa que obliga a ello.