UPL airea que la Fiscalía abre la vía penal contra la alcaldesa de Garrafe
El portavoz de Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de Garrafe de Torío, Fulgencio Bandera, informó hoy en rueda de prensa de la apertura de la vía penal contra la alcaldesa de este municipio, la popular Carmen González, y la ex concejala de Urbanismo, Mª José Bravo, por un presunto delito de prevaricación urbanística. La decisión ha sido adoptada por el Fiscal Jefe de León tras evaluar los indicios tras la denuncia de un vecino de este Ayuntamiento que se consideró perjudicado por un “abuso de poder” en el acondicionamiento del trazado de una calle, en cuyo expediente se le usurpó buena parte de sus propiedades sin compensación alguna, mientras a otros vecinos de la misma vía pública no sólo no se les causaba perjuicio alguno sino que incluso “se les permitían edificaciones fuera de las alineaciones” impulsadas por el equipo de Gobierno, destacó hoy Bandera en rueda de prensa. La decisión de la Fiscalía del pasado 4 de febrero se úne, recordó el edil leonesista, a otras dos sentencias en contra tras otra denuncia de un vecino de Garrafe por la titularidad de otra calle, denominada El Callejo. Dictada una en 2011 y ratificada luego por otra sentencia de la Audiencia Provincial en 2012, se consideró probada la irregularidad municipal por otorgar la titularidad de esa calle a una empresa privada, una industria láctea, cuando según este vecino se trataba de una vía pública, siempre según destacó Fulgencio Bandera. El concejal de UPL pidió al presidente provincial del PP, Eduardo Fernández, que este partido tome cartas en el asunto por la constante actitud “caciquil” de la alcaldesa de Garrafe, siempre “tan diligente para beneficiar a algunos como para perjudicar a otros”, igual que “en tiempos pasados”, censuró. También Bandera relató otra demanda civil contra un acuerdo plenario, aprobación en la que sólo UPL se abstuvo, y avanzó que “la semana que viene pondremos en conocimiento de la Fiscalía otras irregularidades muy serias en facturas que se han mantenido durante los últimos siete años” y de las que es responsable la alcaldesa, concluyó.
