Los sindicatos 'boicotean' la fiesta de la prisión de Mansilla en señal de protesta
La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), por un lado, y CSIF Castilla y León, ha anunciado hoy que no asistirán a ningún acto de celebración de la Patrona de instituciones penitenciarias, fecha que se celebra el 24 de septiembre, en señal de “protesta ante la situación de falta de personal, aumento de la agresiones que padecemos, la falta de concurso de traslados y la desastrosa gestión de los actuales responsables” de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este año, en el caso del Centro Penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, se celebrara hoy día 23.
Según las cifras manejadas por CSIF, sólo este año se ha producido en la prisión provincial de León un total de 4 agresiones graves y 2 leves.
Como todos los años, se entregaran las placas a todos los compañeros que llevan 25 años de servicio, “a los cuales felicitamos por haber dado lo mejor de ellos, a una institución que no ha evolucionado en los últimos años, donde se nos presenta un negro futuro a todos los que trabajamos en los centros penitenciarios”.
“El mayor y verdadero problema que tenemos y sufrimos los trabajadores, es la falta de efectivos para el normal funcionamiento de los servicios en los centro penitenciarios”, denuncian en una nota de prensa, “y todo ello ante una apatía total y una falta de previsión por parte del Gobierno y de los responsables de la SGIIP que no quieren ver ni asumir las consecuencias que esto comporta”.
A pesar de los recortes, muy duros en materia de personal funcionario, la Asociación censura que “este Gobierno en funcionesante la falta de efectivos que se padecen en la actualidad en los centros penitenciarios, si dispone de 58 millones aprobados en el Consejo de Ministros del 19 de agosto para incrementar con 800 vigilantes de seguridad para los 67 centros penitenciarios, unido a los 33 millones que el Gobierno destino para la primera fase, cuando la vigilancia siempre la han realizado los profesionales de la Policía Nacional o Guardia Civil, dado que están mejor dotados y conocen el medio, saliendo mucho más barata su dotación”.
Este gasto en vigilantes de Seguridad, a su juicio, solo obedece a intereses de las empresas de seguridad por hacerse con estos contratos y de intereses de personas que pudieran estar detrás de una posible privatización de algunos servicios en los centros penitenciarios.
Por último, estiman que “para que los centros penitenciarios tengan sus RPT (Relación de Puestos de Trabajo) cubiertos se necesitaría crear por parte del Gobierno correspondiente una OEP (Oferta de Empleo Público) de una media de entre 700 a 1.000 funcionarios anuales durante los próximos 10 años”.
CSIF lamenta que “los funcionarios de prisiones no están para fiestas”, a la vez que denuncia el “intolerable” número de agresiones que sufren por parte de los internos. CSIF exige una oferta de empleo público “urgente, que permita reforzar unas plantillas de los centros penitenciarios muy insuficientes”; y reclama la aplicación de un protocolo de prevención de agresiones.
