Ofensiva legal de doce ayuntamientos para impedir el “riesgo de insalubridad” en el CTR

Astorga y todos los ayuntamientos de la Mancomunidad de la Cepeda y de la Mancomunidad del Órbigo, doce municipios en total del área de influencia del centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román de la Vega, han acordado de manera unánime iniciar los trámites administrativos y judiciales para impedir, entre otras cosas, el “riesgo de salubridad” que supone al llegada a la planta provincial de 500.000 toneladas de basura sin tratamiento previo.

Los municipios de Astorga, Benavides de Órbigo, Turcia, Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Órbigo, Magaz de Cepeda, Villaobispo de Otero, Villagatón, Villamejil y Quintana del Castillo se han sumado en bloque a las alegaciones que se han registrado hoy jueves ante el consorcio provincial Gersul contra la ordenanza que esconde una autorización expresa al vertido directo, sin tratamiento previo ni garantías de salubridad, de las balas procedentes del depósito temporal de Santa María del Páramo.

Un gesto de diálogo

Además, todas estas corporaciones, regidas por el PP como por el PSOE y UPL, además han aprobado igualmente otorgar un plazo a Gersul y a la Junta de Castilla y León para mantener una reunión “urgente”, en los próximos días.

Se trata de “un gesto para no renunciar a la vía del diálogo”, abriendo una posible negociación antes de formalizar ante los tribunales un recurso judicial contra el depósito de esa ingente cantidad de basura que, además, saturará casi por completo el actual vaso de vertido. La reunión se plantea ante el presidente de Gersul, el vicepresidente de la Diputación José Antonio Velasco, y el delegado territorial de la Junta, Guillermo García, por ser la administración con las competencias en materia de medio ambiente y responsable de cualquier autorización de vertido.

Los doce ayuntamientos recuerdan en sus respectivos escritos de alegación que se ha producido por parte de Gersul una la mala gestión del sistema de residuos. En concreto, no se garantiza la viabilidad de las instalaciones ni siquiera a medio plazo y tampoco se vela por la protección de la salud de las personas y el medio ambiente.

Por otro lado, consideran que es “vergonzoso e irresponsable” que el consorcio trate de solucionar ahora el problema que están obligados a afrontar desde hace más de diez años trasladando simplemente los riesgos de sitio, pasando las balas desde las proximidades de Valdefuentes del Páramo a San Román y su entorno.

Contra la autorización ambiental de la Junta

De hecho, recuerdan que la decisión de verter de manera directa los fardos carece de las necesarias autorizaciones y contraviene incluso la autorización ambiental otorgada a las instalaciones por la Junta de Castilla y León, abocando así a inminentes riesgos que podrían incluso colapsar todo el sistema provincial de residuos.

Un colapso que este frente de municipios afectados advierte que sería exclusivamente responsabilidad del consorcio Gersul y en particular de sus dirigentes, con José Antonio Velasco a la cabeza, por ignorar los justas y razonados argumentos en contra que aquellos defienden. Eso añadido a los posibles y graves sobrecostes que todo ello podría conllevar para todos los habitantes de la provincia a través de la tasa de tratamiento.

Por último, y no menos importante, todos los integrantes de las dos mancomunidades de municipios y el Consistorio de Astorga inciden en la exigencia de que el consorcio Gersul y la UTE Legio VII garanticen al cien por cien la correcta gestión de la planta provincial en todos los sentidos.

Entienden que de la falta de garantías desde su puesta en marcha emanan de graves deficiencias en esa gestión de las basuras de toda la provincia que llegan a ella, siendo precisamente los municipios cercanos los que la sufren en mayor medida, aunque acaban teniendo un coste demasiado elevado para los habitantes de todos los ayuntamientos leoneses.