La contaminación descontrolada en el vertedero de León provoca tres multas y una tramitación ambiental retrasada
No se diluye la sombra de posibles vertidos de aguas altamente contaminantes a los ríos de la cuenca del Órbigo procedentes de la planta provincial en San Román de la Vega, donde van a parar cientos de miles de toneladas de basuras que cada año genera toda la provincia de León.
Ahora, cuando la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una revisión de la Autorización Ambiental para dar una cabida que durante años no han tenido esos vertidos, acaban de desvelarse informes oficiales que podrían demostrar nuevos episodios de contaminación ocurridos el último año y medio, al menos.
Es más que una sospecha. No en vano, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), el organismo ministerial responsable de las cuencas fluviales de la mayor parte de los ríos de la provincia leonesa, por este motivo ha llegado a abrir tres expedientes sancionadores al consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de León (Gersul), que preside la Diputación y se responsabiliza del centro de tratamiento de residuos (CTR) de San Román.
Tres expedientes que han concluido con tres multas. Y es que desde abril de 2020, Confederación ha advertido que en la planta de las basuras leonesas se han estado realizando “vertidos a cauce”, es decir, a los arroyos y acuíferos de valles como La Calzada, Portugal, La Zarza y otros que de San Román de la Vega bajan a desembocar en el río Órbigo.
Estos vertidos han sido “sin tratamiento previo” de depuración de ese agua a pesar de que “se podría considerar un flujo de aguas residuales” en cuyos análisis ya se sabía que había una “elevada concentración de algunos parámetros” contaminantes que “han superado los valores límites de emisión”.
Todo el entrecomillado anterior es oficial. Son palabras textuales de un informe fechado el 24 de abril del año 2020, hace ya más de un año. Es un documento remitido por CHD a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones en el que se advierte de que la empresa pública Somacyl, dependiente de la Junta y que desde 2016 gestiona el nuevo vaso donde se almacenan las basuras en el CTR, ha realizado nada menos que 27 bombeos de aguas del interior de esos vasos. O lo que es lo mismo, 27 posibles casos de contaminación exterior. Y eso solo en cuatro meses, desde finales de 2019.
Un elemento contaminante que superaba 2.400 veces lo permitido
Pocos meses antes del informe, en febrero de 2020, Somacyl había remitido a la Confederación analíticas de esas aguas que en principio eran 'charcos' de lluvia almacenadas en los vasos de residuos presuntamente todavía vacíos de basura.
Pero en ellos, el laboratorio había dado la voz de alarma: el agua contenía fenoles, hidrocarburos y otros aceites, y selenio, todo ello a niveles altísimos. En el primer caso, se autorizan 0,005 mg/l y había 11,8 mg/l. Se multiplicaba lo máximo permitido por casi 2.400. Una barbaridad.
En base a este resultado, el 27 de abril CHD exige la “contención, depuración y entrega a un gestor autorizado” de esa agua que se venía vertiendo a la naturaleza sin depurar en absoluto, así como una memoria descriptiva en base al Plan de Emergencias de la Planta.
Es aquí donde Confederación multa a la propietaria de las instalaciones, Gersul, no a Somacyl ni a la Junta. Según confirman fuentes oficiales de CHD a ILEÓN, en las dos primeras sanciones se obliga a que “en el plazo de dos meses” se realicen las actuaciones necesarias para que el vertido “se ajuste a los límites de emisión fijados en la autorización de vertidos” con el que cuenta la planta.
En la tercera multa, se obliga al Consorcio Gersul a realizar un “estudio de caracterización del flujo de aguas procedentes de los vasos vacíos del CTR”, así como el establecimiento de un “tratamiento de depuración adecuado que asegure el cumplimiento de las normas de calidad ambiental y los objetivos ambientales en el medio receptor”.
Los análisis cambian, para mejor, en apenas cuatro meses
ILEÓN no ha podido saber si estas obligaciones se han cumplido ni por parte de Gersul ni por parte de la Junta a través de Somacyl. Porque poco después resulta que aparecieron pruebas que, según ambos organismos responsables de lo que estaba pasando, demostraban que los alarmantes análisis iniciales estaban equivocados y que venían a confirmar que el agua que se vertía fuera de la planta de basuras estaba muy limpia y no suponía un peligro.
Ocurrió ya en junio de 2020. Otro informe de Somacyl aduce que se produjeron errores en las analíticas y las nuevas realizadas dan ahora parámetros normales. La empresa de la Junta Somacyl garantiza que “se trata en todo caso de aguas pluviales y no residuales” y que su extracción se realizaba precisamente “tratando de que no sea acumulasen” esas aguas, “al objeto de evitar”, precisamente, “que se contaminasen”.
La conclusión que Somacyl le traslada a CHD es que “ante esta dispersión de resultados y con las incertidumbres existentes, parece que de momento no se pueden establecer conclusiones sobre la contaminación de las aguas pluviales acumuladas en los vasos, entendiendo que es recomendable seguir haciendo analíticas para controlar la calidad de esas aguas y ver como evoluciona la situación ambiental y su protección”.
¿No ha habido más vertidos o no se han comunicado?
¿Qué ha ocurrido desde que saltó el 'escándalo' el año pasado pasado hasta ahora? Pues no menos curiosamente, se supone que no ha habido un sólo vertido más de ese agua pluvial de los vasos destinados a la basura. Al menos, Confederación certifica que “desde el 24 de abril de 2020 hasta la fecha no se han recibido nuevas comunicaciones de vertido”. Es decir, o no se han deshecho de esa agua acumulada, como lo habían realizado 27 veces antes, o si lo han hecho no lo han comunicado.
Cambios ambientales iniciados con un año de retraso
Lo que sí ha ocurrido es que en todo ese tiempo la Junta no ha cumplido con la puesta al día de la Autorización Ambiental Integrada. Un trámite vital requerido por CHD y que fue autorizado con la firma del consejero Suárez-Quiñones en junio del pasado. Una modificación sólo “en lo que afecta a las condiciones de vertido a dominio público hidráulico”. Sin embargo, ha pasado casi un año y todavía se acaba de iniciar.
Fue este pasado 22 de abril cuando se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la información pública sobre ese proceso de revisión ambiental para el CTR de las basuras leonesas. El retrasadísimo expediente se puede consultar aquí, importante por si se quieren conocer los cambios o plantear alegaciones.
Y fuentes oficiales de la Consejería de Medio Ambiente no han explicado a ILEÓN ni el motivo de tanta demora ni tampoco el brusco cambio de los análisis que hicieron que unas aguas que hicieron saltar las alarmas luego se consideraran impolutas. Tampoco se ha podido recabar la opinión de responsables de Gersul, que fue sancionado tres veces por este caso.
Un historial de contaminaciones
La historia de problemas de contaminación de la planta de residuos impulsada por Gersul, que comanda la Diputación pero agrupa a todos los ayuntamientos de la provincia, es una historia tan vieja casi como la de las propias y polémicas instalaciones construidas en el municipio de San Justo de la Vega, muy cerca de Astorga.
Pero en un futuro más reciente, los casos de posibles y graves contaminaciones se multiplicaron y causaron no sólo una gran alarma en varias comarcas colindantes sino que pusieron en pie de guerra a colectivos, vecinos, juntas vecinales y ayuntamientos. Especialmente en 2016, al aparecer fuera del recinto agua y tierra con aspecto de chapapote.
Ecologistas en Acción llegó a denunciar ante el Seprona de la Guardia Civil y el ambiente fue tan tenso que se celebró una gran manifestación en la zona exigiendo dos cosas: el control de vertidos contaminantes y un nuevo vaso para depositar las basuras de todo León, porque el construido al principio del CTR en 2007 ya estaba superando peligrosamente su capacidad en la mitad de años previstos por una gestión claramente deficiente.
Se advirtió en 2016 lo que pasa ahora y no se hizo caso
Cuando en 2016 el Consorcio Gersul, que entonces presidía el PP, decidió dejar la responsabilidad del nuevo vaso de vertido a la Junta durante como mínimo 13 años, firmando con la empresa Somacyl que lo construiría y también se harían cargo de su gestión, hubo quien ya advirtió de que se estaba aprobando la autorización ambiental del CTR sin tener en cuenta los vertidos reales de la ampliación. Así lo denunciaba hace cinco años la Asociación Plataforma Gestión Residuos.
El colectivo, alarmado por los vertidos de entonces, argumentaba que “pese a que la instalación incorpora más de 60.000 m2 de superficie y nuevos vasos de vertido, el volumen anual autorizado de vertido es el mismo, 50.000 m3” y por lo tanto el canon de vertido que pagará el CTR no aumenta. Ya advertían que en cuestión de vertidos y lixiviados, el texto era “exactamente el mismo que la autorización de vertido de 2007, incluso con los mismos errores y puntos que se planteaba solventar en aquel momento”.
Algo de razón tendrían hace cinco años cuando ahora, en 2021, y encima con un año de retraso sobre la fecha exigida por CHD a través de una multa, la Junta de Castilla y León por fin revisará la Autorización Ambiental Integrada “en lo que afecta a las condiciones de vertido a dominio público hidráulico”.
