IU denuncia que la Junta no ha supervisado las restauraciones mineras en la provincia
A día de hoy, la explotación la Gran Corta de Fabero, una entre cientos de ellas en la provincia, sigue siendo “una gran herida” en esta comarca, segun denuncia Izquierda Unida en un comunicado, en el que recuerda que esta mina ocupa la cuarta parte del municipio de Fabero, hasta superar las quinientas hectáreas.
La coalición lamenta que simplemente “le hayan echado un poco de tierra por encima, porque quedan los profundos cortes, barrancos, montones de estériles y el agua”. Por eso exigen que la Junta de Castilla y Ley cumpla con su obligación, empezando por la Consejera de Economía y finalizando “por el último responsable de realizar estos controles”, para ver si el plan de restauración que presentan las empresas se cumplen.
Para IU, no se trata de un caso aislado y aseguran que en 2011, Izquierda Unida ya exigió a la Junta de Castilla y León conocer si se estaba cumpliendo el plan de restauración de la Gran Corta y si la cuantía del aval sería suficiente para esa restauración. La contestación del Jefe del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo fue que “el aval por 1.625.457,48 euros es superior a lo que supone la conlleva la restauración, 1.022786,74, y la Junta de Castilla y León mantiene un seguimiento constante de los trabajos de restauración de las explotaciones mineras”.
“Hoy, 8 años después ya vemos la gestión del PP cuando garantiza algo”, censuran. Y es que “al final, como en el caso de la Nueva Julia, hemos tenido que pagar 25 millones de euros del erario público que podíamos haber dedicado a sanidad y educación, y no a esto”, lamentan.
Por ello, desde Izquierda Unida “consideramos que la Junta de castilla y León ha incumplido con sus obligaciones, y los concesionarios de las explotaciones con las suyas, por lo que si con dinero público se tienen que hacer las restauraciones y rehabilitaciones de los espacios, el control del agua de las minas que desagua en nuestros ríos, esas concesiones deben eliminarse y que pueda haber otra actividad económica ligada a Juntas vecinales, administraciones públicas, cooperativas... que realmente tengan interés en la vida de las zonas y no en destrozar el futuro de estas comarcas”.
