CCOO denuncia los requisitos “insoportables e inasumibles” de las ayudas de emergencia social de la Diputación
Si de algo presume la Diputación de León, y su presidenta Isabel Carrasco a la cabeza, es de haber incrementado las ayudas de todo tipo en la actual legislatura a causa de la crisis económica. Entre ellas se encuentran las ayudas de emergencia social, destinadas a evitar la exclusión de personas que necesitan de ellas por circunstancias sobrevenidas y que se destinan a la compra de alimentos, ropa o pagos de alquileres o hipotecas para evitar un desahucio y que caigan en una situación de pobreza extrema.
Según ha denunciado Comisiones Obreras (CCOO), la Diputación de León ha cometido “abusos” en la gestión de estas ayudas de emergencia, con requisitos que impiden que su uso sea el adecuado e incumplimientos de la normativa legal.
En el año 2010 la Diputación de León firmaba con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEL y FELE un Acuerdo Social sobre las ayudas de emergencia en el que se incluían mejoras para evitar los seis y siete meses de tramitaciones administrativas, un acuerdo que Comisiones Obreras considera que “está muerto”. Las razones de esta firma fueron para solucionar los problemas que se generaban en la concesión de estas ayudas, “que se estaban gestionando mal” ha explicado Ignacio Fernández, secretario provincial de CCOO. El sindicato considera que el acuerdo de 2010 era positivo y como muestra de ello ponen de ejemplo que muchos de sus puntos los usara la Junta de Castilla y León en un decreto de marzo de este año que armoniza la legislación en la comunidad autónoma y daba un plazo de tres meses para adaptarse a él, plazo que concluía en julio.
CCOO denuncia que la Diputación de León todavía no se ha adaptado a la nueva normativa, además de incumplir el acuerdo firmado en 2010, lo que evidencia según ellos “el nulo interés de la Diputación de León en potenciar mecanismo de protección social para los ciudadanos”. El nuevo marco legislativo establece un mes de respuesta a la petición de ayudas y nuevas condiciones para su concesión, además de fijar el máximo que se puede recibir.
Condiciones inasumibles
“Las ayudas de emergencia de Diputación eran un disparate; se tardaba hasta seis o siete meses en tramitarlas y cuando llegaban ya era tarde” ha explicado Rosa Castro, secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de CCOO León, que ha explicado que la Diptuación exigía, y exige, un requisito “totalmente descabellado” que consiste en que en ayudas no alimentarias pide que la persona que solicita la ayuda pague antes y luego presente la factura para tramitar la ayuda de emergencia; “¿si no tiene dinero de dónde lo saca?” se preguntan desde Comisiones Obreras.
Consideran que este polémico requisito dificulta mucho que las personas que lo necesiten puedan acceder a estas ayudas, pese al aumento del presupuesto de la Diputación de León. En el acuerdo de 2010 se contemplaba una tramitación máxima de tres meses -la Junta lo ha fijado ahora en un mes- y que las ayudas se harían mediante pago directo, sin necesidad de adelantar dinero y presentar luego la factura. Un acuerdo incumplido hasta el día de hoy.
Para Comisiones Obreras los ciudadanos están “en una situación de desprotección absoluta” por las condiciones “insoportables e inasumibles” de las ayudas de emergencia social ya que muchas familias no pueden cumplir por no adaptarse la institución provincial a la nueva normativa. Recuerdan que aunque haya más presupuesto “no significa que se vaya a gastar”, dudando que de mantenerse con los requisitos de la Diputación sean muchas las personas que lo necesiten que puedan recibir esas ayudas.
El decreto de la Junta de Castilla y León fija en un máximo de 1,8% del IPREM lo que puede recibir cada solicitante de estas ayudas destinadas a paliar situaciones de emergencia sobrevenidas como alimentos, ropa, recibos, alquileres, hipotecas o obras urgentes. El IPREM para una persona está fijado en 7668 euros, incrementándose si hay más miembros en la unidad familiar.
Los Ayuntamientos de León y de San Andrés del Rabanedo sí se han adaptado, con ligero retraso, a la normativa autonómica. El de Ponferrada de momento no aunque asegura que aplica los criterios del nuevo decreto, que CCOO verificará.
