Las balas de basura del Páramo ya llenan el vertedero provincial
Dos camiones a la hora. Este es el ritmo de llegada de los vehículos pesados que desde este lunes trasladan las balas de basura desde Santa María del Páramo al Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega. Una década después de que los residuos generados en León y su Alfoz fueran depositados en la finca de El Busto -entre 2001 y 2004-, han empezado los trabajos para que los 475.000 fardos, aproximadamente unas 400.000 toneladas, sean vertidos directamente al vaso del CTR. Los alcaldes y mancomunidades de los alrededores del CTR denuncian que el traslado está salpicado de irregularidades e ilegalidades; todos han anunciado que tratarán de paralizarlo.
Fue en el pasado mes de julio cuando el órgano gestor de las basuras provinciales, Gersul, aprobó con la oposición del Ayuntamiento de San Justo de la Vega y las mancomunidades del Órbigo y Cepeda la solución a este polémico almacenamiento de basuras que se realizó mientras se construía precisamente el actual CTR. Se suponía que inmediatamente se trasladarían las basuras acumuladas en los tres años pero la solución definitiva ha venido una década después y tras varias polémicas judiciales de por medio.
Gersul aprobó el traslado de las balas del Páramo al CTR y su inmediato depósito en el vaso del vertedero provincial, sin ningún tipo de tratamiento posible. A la vez se realizaba una operación con la empresa encargada de la gestión, la UTE Legio VII, para abaratar los costes de depósito en el CTR y que ésta asuma la construcción, al menos parcial, de otro vaso para ampliar el actual CTR, algo que rechazan los ayuntamientos vecinos. El cálculo inicial es que con el traslado de las basuras del Páramo le quedarán al actual vaso un máximo de dos años de vida útil, cuando estaba pensado para que llegara hasta 2024. El exceso de residuos depositados al año y unas tasas inferiores de reciclaje a las planteadas han llevado a acortar la vida útil del CTR, lo que obliga a su ampliación; ésta deberá ser financiada parcialmente por la empresa UTE Legio VII hasta el número máximo de años de concesión (20) aunque Gersul ha aprobado unas condiciones financieras favorables para que asuma la construcción de un vaso que valga por otros 20 más.
Traslado sin conocimiento de los afectados
Los fardos compactados van formando una pirámide escalonada en el vaso hasta superar los 20 metros de altura, al menos.
El trajín de camiones rumbo al CTR ha empezado sin que el Ayuntamiento de San Justo de la Vega haya dado permiso o autorización para el vertido. Esto es lo que ha manifestado el alcalde, Avelino Vázquez, que asegura que nuevamente “se están pasando por alto la ley”, ya lo hicieron antes de comenzar las obras del centro de tratamiento cuando la Junta de Castilla y León emitió el decreto que anulaba las competencias al Consistorio al que pertenece San Román, y que el Ayuntamiento recuperó años después al ganar el contencioso interpuesto. “Ahora vuelven a las andadas y no nos dejan otra opción que recurrir, porque lo primero que tenían que hacer era pedir permiso para saber si las podrían traer”. El regidor de la Vega del Tuerto denuncia además otra irregularidad en la que se incurre con el traslado de los fardos y es que “antes deberían haber construido un nuevo vaso” porque el actual está a punto de saturarse.
El vertido de las balas ha comenzado diez días antes de que finalice el plazo para recurrir o alegar a la tasa aprobada en la asamblea de Gersul (el consorcio que gestiona la basura de la provincia) y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 11 de agosto. La alcaldesa de Astorga, Victorina Alonso, ha insistido en este aspecto que se trata de una “ilegalidad porque no han respetado los plazos”. Al menos, la Mancomunidad de La Cepeda sí está preparando el recurso a la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por la prestación del servicio de transferencia, clasificación, tratamiento, valorización y, en su caso, eliminación de residuos urbanos. En esta ordenanza se establecen los precios que, a partir de que se apruebe definitivamente, deberá pagar cualquier empresa que quiera eliminar residuos. Según esta tasa, la UTE Legio VII deberá pagar 14 euros por tonelada ya que los residuos que desde este lunes llegan al CTR están siendo llevados directamente al vaso de vertido sin pasar previamente por la planta de reciclaje y compostaje.
Los alcaldes y mancomunidades afectados han comenzado los primeros movimientos para tratar de detener por la vía judicial el traslado, el Órbigo ya ha anunciado que recurrirá “todo lo que sea recurrible”. Los representantes de la zona afectada argumentan que demás de no respetar los plazos, son desechos que no se van a reciclar ni tratar, “es otra ilegalidad, porque el CTR no es un basurero”, explica Victorina Alonso.
Según los datos que maneja la Mancomunidad de la Cepeda, si la basura total tratada en 2013 en el CTR fue de 134.000 toneladas, de las que unas 40.000 fueron a parar al vaso, las 475.000 balas suponen la basura de 10 ó 12 años.
