UPyD acusa a Junta y PSOE de “lastrar el futuro” de la comunidad con el modelo territorial
Unión Progreso y Democracia en Castilla y León (UPyD) acusó hoy a la Junta y al PSOE de “lastrar el futuro” de la Comunidad con la aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio y criticó que el texto pactado por los partidos mayoritarios mantiene las estructuras y los 'chiringuitos' de populares y socialistas, pero no mejora la calidad democrática ni afronta una reestructuración administrativa que responda a las necesidades de los ciudadanos.
Para UPyD, según explica en un comunicado, las Mancomunidades de Interés Comunitario sólo buscan perpetuar la existencia de Ayuntamientos sin capacidad de gestión, Diputaciones Provinciales sin aval democrático y buena parte de la administración paralela del Gobierno autonómico, que no se elimina pese a que se recorten en materias clave como la Educación o la Sanidad.
El coordinador territorial en funciones, Rafael Delgado, señala que, pese a las fotos y los titulares, “esta ordenación se ha hecho a medida de las necesidades de Herrera y el tándem Villarrubia-López, sin contar con otras propuestas”. Delgado recuerda que en la Mesa de Ordenación se excluyeron a plataformas ciudadanas y partidos sin presencia en las Cortes e insiste en que para regenerar la democracia “no basta con anunciarlo, sino que es imprescindible que los ciudadanos sean protagonistas de la política local, regional y nacional”.
En su propuesta, Unión Progreso y Democracia propone una ordenación territorial con tres niveles administrativos: nacional, autonómico y local, este último compuesto por municipios capaces de desarrollar las competencias y prestar los servicios que hoy ofrecen los que tienen más de 20.000 habitantes. Por ello, propugna este partido la desaparición de las diputaciones.
La ordenación territorial propuesta por la formación magenta parte de la prestación de servicios como principal criterio. En Castilla y León, esta propuesta da lugar a un mapa con 77 municipios, sin administración paralela y con un ahorro mínimo de 310 millones de euros.
